El 75% de las actividades delictivas ‘online’ que se comenzaron a investigar el año pasado fueron de tipo económico
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía ha llamado la atención sobre el hecho de que en la persecución de la criminalidad informática hay una “incalculable” cantidad “oculta” de delitos que no son denunciados porque las víctimas porque no se atreven a hacerlo o no se han dado cuenta. Todo ello mientras crecieron en 2021 un 40% los procesos judiciales y las diligencias de investigación respecto al año precedente, con especial atención en las estafas por inversión en criptomonedas.
A lo largo de 2021 se incoaron en España un total de 23.801 procedimientos judiciales y 325 diligencias de investigación fiscales por hechos susceptibles de entrar en esta categoría, 6.951 más que los registrados en 2020 –16.914 y 261, respectivamente–.
Pero el incremento de las actuaciones judiciales por estos ilícitos no deja de crecer y lo ha hecho un 257% en un lustro, desde los 6.676 del año 2017 a los 23.801 del pasado año, según los datos recabados en la Memoria Anual, presentada este miércoles en el acto de apertura del año judicial celebrado en el Tribunal Supremo.
La Fiscalía señala por un lado que “generalmente” se denuncian estos delitos por los propios afectados o también, en ocasiones, después de ser animados a hacerlo si quieren ser compensados por los perjuicios que han sufrido. Por tanto, las denuncias “habitualmente afloran” y llegan a los órganos al tanto de la investigación penal.
Por otro, la Memoria fiscal precisa que esto no sucede con otros tipos de delitos a través de internet, como, por ejemplo, los que atentan contra la libertad e indemnidad sexual, la integridad moral, el acoso o las amenazas, debido a que las víctimas “o bien no son conscientes de la agresión o bien su propia situación de vulnerabilidad les impide o dificulta la denuncia”.
La Fiscalía indica que algo similar ocurre, aunque por motivaciones diferentes, respecto de otros ilícitos como los ataques a sistemas informáticos. Por ello, “la cifra oculta de criminalidad en algunas otras actividades delictivas es hoy por hoy incalculable y queda al margen de las estadísticas oficiales”, sostiene.
El Ministerio Fiscal puntualiza en su Memoria Anual que muchas veces una sola acción criminal puede desarrollar consecuencias en varios territorios, por lo que da lugar a un número indeterminado de denuncias en diferentes órganos aunque después sean unificadas.
LOS DELITOS DE ESTAFA, A LA CABEZA
Al igual que en años previos, los delitos de estafa y/o defraudación generaron el 75% de los procedimientos judiciales abiertos, 17.969 expedientes, por cualquier clase de ciberdelitos, que la Fiscalía investiga a través de una unidad específica.
Estos resultados muestran que la actividad delictiva en el ciberespacio es en buena medida de contenido económico y de carácter defraudatorio. Es así porque, salvo los delitos contra la libertad y seguridad, que dieron lugar a algo menos del 10% de las incoaciones; los relativos a la libertad e indemnidad sexual, que generaron un 6%, y los que atentaron contra la intimidad, que motivaron el 4%, la incidencia de los restantes ciberdelitos es inferior al 1%.
Además, el predominio de los procedimientos sobre estafas y defraudaciones frente a otros ilícitos no ha parado de incrementar: si en el 2018 ofrecía un índice del 61%, esa cifra se elevó al 65% en 2019 y al 72% en 2020, hasta alcanzar en el pasado año el 75%.
Dentro de estos procesos cada vez tienen más protagonismo aquellas que se usan la red para publicitar productos financieros “engañosamente” ofrecidos como “inversiones seguras de alta rentabilidad y en condiciones aparentemente muy ventajosas” después de haber aportado “importantes desembolsos económicos” en la creencia de que tendrán “beneficios que nunca llegan a obtener”, ni con el tiempo lograrán, añade, “recuperar” el dinero entregado.
Además, la Fiscalía destaca la dificultad de identificar a los delincuentes o la ubicación del país desde el que están actuando. También apunta que las víctimas de la estafa suelen hacer su aportación de dinero en activos digitales como las criptomonedas, u otros métodos como el ‘SIM Swapping’, el ‘pharming’ o el ‘phising’, que representa el 70% de denuncias por defraudación ‘online’.
A este respecto, en la Memoria se resalta el “significativo volumen de causas judiciales en tramitación por supuestas operaciones económicas en las que se emplean fraudulentamente como reclamo las ventajas que presuntamente ofrecen estos criptovalores”.
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