El Ministerio Público reitera que compete a las juntas electorales controlar le legalidad de las candidaturas
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha trasladado a la Junta Electoral de zona de Donostia la providencia dictada en el día de ayer por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional respecto a la candidata de Bildu en Astigarraga (Guipúzcoa) Sara Majarenas Ibarrete en la que anuncia que va a estudiar el caso concreto para saber cuándo empieza y cuándo acaba la inhabilitación absoluta de la candidata que le fue impuesta en una sentencia de 2007, algo que aún no se había hecho.
Así lo señala el Ministerio Público en una nota de prensa, recogida por Europa Press, después de que trascendiera este jueves que la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha presentado una denuncia ante esa misma junta electoral para poner en su conocimiento que esa candidata de EH Bildu, la décima en la lista de esa localidad guipuzcoana, es inelegible porque estaría inhabilitada hasta 2028.
En su escrito, la asociación recuerda que fue condenada en septiembre de 2007 por integración en organización terrorista, falsedad documental y tenencia ilícita de armas a 13 años y 2 meses de prisión y a una inhabilitación absoluta por tiempo superior en 10 años al de la duración de las pena impuesta. Y señala que Majarenas ingresó en prisión en febrero de 2005 y salió en abril de 2018 tras cumplir 13 años y 2 meses de privación de libertad, por lo que señalan que la inhabilitación contaría desde su salida de prisión.
La Fiscalía apunta en su nota que la Sala de lo Penal anuncia en esa providencia que “va a efectuar la práctica de la liquidación de la condena de inhabilitación absoluta que le fue impuesta en sentencia firme”. Y señala que ante esto, desde el Ministerio Público “se ha procedido (…) a dar cuenta de ello a la Junta Electoral de Zona, a través de la Fiscalía correspondiente”.
Al hilo, señala que esta circunstancia no desvirtúa la decisión tomada el pasado 17 de mayo, cuando esta fiscalía acordó el archivo de las diligencias de investigación abiertas por la denuncia de Dignidad y Justicia (DyJ) en relación a las 44 personas condenadas por su pertenencia a ETA que han sido incluidas en las listas electorales de EH Bildu. El Ministerio Público advirtió entonces que ni había delito en esa inclusión en listas ni causa de inelegibilidad.
Insiste en la nota de este jueves en que los hechos objeto de investigación no son constitutivos de infracción penal y que le compete a las juntas electorales correspondientes el control de la legalidad de las candidaturas presentadas por partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan concurrir a las elecciones.
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