García Ortiz da por finalizado los contactos con los fiscales que tendrán que informar a los tribunales sobre el criterio del Ministerio Público
MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía ha culminado sus reuniones para “coordinar” su actuación ante la entrada en vigor y eventual aplicación de la ley de amnistía sin tratar “casos concretos”, según han informado a Europa Press fuentes fiscales.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha finalizado este viernes la ronda de contactos que inició ayer con los fiscales que tienen en sus manos causas relativas al ‘procés’ y que tendrán que informar a los tribunales sobre su criterio para aplicar la norma aprobada definitivamente el jueves por el Congreso.
Las fuentes consultadas han precisado que han sido reuniones para “coordinar” la actuación del Ministerio Público en “todos” los órdenes jurisdiccionales y en “todas” las instancias.
En concreto, este viernes García Ortiz se ha reunido con fiscales de la Audiencia Nacional, del Tribunal de Cuentas y de Cataluña. Las fuentes consultadas inciden en que no se ha abordado “ningún caso concreto”; tampoco han entregado ningún documento al jefe de la Fiscalía exponiendo sus criterios.
El jueves fue el turno de los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas, de los jefes de Penal y de Contencioso-Administrativo de dicho tribunal y del fiscal ante el Tribunal Constitucional.
Según fuentes fiscales, los cuatro fiscales del ‘procés entregaron al fiscal general un documento en el que que explicaban su oposición a aplicar la amnistía a Puigdemont en el delito de malversación al entender que sí tuvo ánimo de lucro y que afectó a los intereses financieros de la UE. Según su criterio, él y otros 6 dirigentes del ‘procés’ dedicaron fondos públicos “a fines inconstitucionales para conseguir sus propósitos”.
No obstante, los cuatro fiscales se mostraron a favor de aplicar la ley a los delitos de desobediencia y de desórdenes públicos. Las fuentes consultadas señalan que de momento en la Fiscalía General no se ha adoptado una decisión sobre cuál será el criterio unitario a seguir.
A LA ESPERA DE LOS TRIBUNALES
Se espera que la ley beneficie a los principales dirigentes de Junts y ERC y su entorno, a los 12 CDR procesados y a los investigados por ‘Tsunami Democràtic’, entre otros. Cabe recordar que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que el texto legal ampararía a 372 personas, mientras que el colectivo de abogados Alerta Solidaria habla de 419.
La norma fija que los tribunales tendrán que aplicar la amnistía en un plazo máximo de dos meses. La mayor expectativa está sobre el Tribunal Supremo, que tiene sobre la mesa varios casos relativos al ‘procés’: el de los condenados, como el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras; el de los procesados en rebeldía, como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos; y la causa abierta por presunto terrorismo en ‘Tsunami Democràtic’, que afecta a Puigdemont y al exdiputado de ERC en el Paralment Ruben Wagensberg.
Fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias apuntan que el Supremo no se reunirá para abordar la amnistía sin antes haber escuchado a las partes, incluida la propia Fiscalía, a quien pedirá informe después de que la ley sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El resto de tribunales también tendrán que consultar al Ministerio Público, según las fuentes consultadas.
La Audiencia Nacional tiene en sus manos dos causas relativas al ‘procés’: la de los CDR, que están a la espera de juicio; y la rama de ‘Tsunami Democrátic’ que no afecta a los aforados, que aún está en fase de investigación. El Tribunal de Cuentas, por su parte, dejó visto para sentencia el pasado miércoles la causa relativa a los gastos del 1-O y la acción exterior del proceso independentista catalán.
En Cataluña, por su parte, figuran el denominado ‘caso Voloh’, el caso en el que se indaga en el presunto desvío de fondos públicos al independentismo; o el eventual juicio a la consejera catalana Natàlia Garriga, el exsecretario general de Vicepresidencia de la Generalitat Josep María Jové y el exsecretario de Hacienda del Govern Lluís Salvadó por los preparativos del 1-O.
También consta el caso de la exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel, procesada por desobediencia, o el de la consejera Meritxell Serret, condenada por desobediencia.
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