MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Perú ha pedido este lunes una pena de 30 años de cárcel contra la presidenta del partido Fuerza Popular y excandidata presidencial, Keiko Fujimori, y el resto de imputados junto a ella por un caso de blanqueo de capitales y organización criminal en el marco del caso conocido como ‘Cócteles’.
El fiscal José Domingo Pérez, que también ha pedido la disolución del partido, ha indicado que las diligencias ya han comenzado y ha expresado que espera que se instale cuanto antes un juicio oral para “sustentar la acusación contra Fujimori”, la cual considera “inaplazable”.
Además de Fujimori, se encuentran imputados su exmarido Mark Vito; los exdirigentes de Fuerza Popular José Chlimper, Jaime Yoshiyama, Pier Figari y Ana Hertz; así como también el propio partido y la empresa MVV Bienes Raíces, entre otros.
Giulliana Loza, abogada de Fujimori, ha indicado que ya ha presentado un recurso para solicitar la “anulación” del auto de enjuiciamiento y evitar que sea juzgada por este caso, según informaciones recogidas por el diario ‘El Comercio’.
Por su parte, el coordinador del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos ‘Odebrecht’ y ‘Lava Jato’, Rafael Vela, ha indicado que Fujimori –hija del expresidente Alberto Fujimori– ha tratado de “instrumentalizar” el sistema de administración de justicia para intentar cambiar los testimonios recogidos.
“Aquí estamos ante graves cargos de organización criminal en donde el fiscal, José Domingo Pérez Gómez, ha postulado correctamente todos estos actos de peligro procesal relacionado con la obstaculización que ha venido realizando (…) la señora Fujimori”, ha aseverado.
Según la hipótesis fiscal, durante las campañas para las elecciones de 2011 y 2016, Fuerza Popular realizó una serie de eventos de recaudación de fondos, denominados ‘cócteles’, para financiar las campañas. Se trataba de fastuosas cenas cuyo coste era cerca de 500 euros. No obstante, los fiscales consideran que estos eventos eran una simple fachada para “blanquear” dinero que entraba de forma irregular desde otras empresas.
A dicha estrategia se le conoció como el ‘pitufeo’, que consiste en el fraccionamiento ilícito de aportaciones en pequeñas cuantías por parte de diferentes personas para evitar la detección por parte de los mecanismos de control del sistema bancario.
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