La presidenta del TSE sobre la retirada de inmunidad: “Esa es señal de que lo hemos hecho bien”
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El Ministerio Público de Guatemala ha ordenado este viernes a la Policía Nacional registrar el paraninfo de la Universidad de San Carlos (Usac) en el marco de la investigación por las protestas que se produjeron en abril de 2022 contra el proceso de elección de un nuevo rector de la institución.
“La diligencia se da en seguimiento a una denuncia interpuesta por la Universidad de San Carlos de Guatemala, en virtud de la toma de dichas instalaciones en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala”, ha indicado en un comunicado.
En el caso están implicadas al menos cinco personas, entre ellas la excandidata del partido Movimiento Semilla, Marcela Blanco. La Fiscalía guatemalteca ya solicitó la retirada de la inmunidad del presidente electo, Bernardo Arévalo, y de su ‘número dos’, Karin Herrera, por la participación del Movimiento Semilla en dichas protestas.
Además, la Policía Nacional, por orden de la Fiscalía, ha llevado a cabo numerosos registros contra viviendas de simpatizantes y afiliados de Semilla como parte de su investigación contra la formación por un presunto delito de lavado de dinero.
ANTEJUICIO POLÍTICO
Por otro lado, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, ha señalado este viernes en una rueda de prensa que todavía no ha sido notificada por la Fiscalía sobre la solicitud de retirada de su inmunidad por un supuesto delito de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes.
“Me siento muy honrada. Viniendo de un antejuicio del fiscal Curruchiche esa es señal de que lo hemos hecho bien. Que hemos dicho que los resultados están validados, oficializados y son inalterables y reacción a eso es el antejuicio”, ha sentenciado.
Asimismo, ha vuelto a insistir en que no es posible que se haya producido “fraude” electoral durante los comicios después de que la Fiscalía afirmara que supuestamente se llevaron a cabo irregularidades en el conteo de votos de las elecciones.
Alfaro ha explicado que las pesquisas sobre las elecciones llevadas a cabo por la Fiscalía se caen “por sí solas”. “El artículo 171 de la Ley del Organismo Judicial dice que en ningún momento el Ministerio Público podía llevarse las actas”, ha indicado, en referencia a cuando la Fiscalía allanó las instalaciones del TSE.
“El órgano de investigación pareciera más tener un Código Penal que va dedicado a un partido político y dedicado al Tribunal Supremo Electoral”, ha indicado, agregando que la Fiscalía necesita “clases de derecho electoral”.
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