MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Francia ha pedido enviar a juicio por presunto homicidio al agente de Policía que disparó mortalmente a Nahel, un joven de apenas 17 años que falleció en junio de 2023 tras recibir disparos por negarse a obedecer a los agentes durante un control de tráfico en el suburbio parisino de Nanterre.
De acuerdo con la Fiscalía de Nanterre, el agente que mató a Nahel tenía la posibilidad de “disparar contra el capó o los neumáticos del vehículo”, evitando así cualquier daño a la integridad del joven, que estaba al volante. Asimismo, considera que durante el tiroteo “no se dieron las condiciones de legítima defensa”.
“Abrir fuego constituyó necesariamente, como mínimo, una toma de riesgo considerada”, ha ahondado la Fiscalía del suburbio parisino, que además ha pedido la destitución del otro agente de Policía que estaba presente en el momento de los hechos, según informaciones recogidas por la cadena francesa de noticias BFMTV.
El abogado de la madre de Nahel, Franck Berton, ha celebrado esta petición como “una decisión conforme a la realidad de los hechos”, y ha aseverado que “la intención de cometer un homicidio era clara y evidente” por parte del agente de Policía. “Es un alivio para la madre”, ha remachado el abogado.
Esta solicitud de la Fiscalía de Nanterre llega tras más de un año y medio de investigación, durante la cual se han celebrado numerosas audiencias y se han redactado varios informes periciales. En mayo de 2024 se realizó una reconstrucción de los hechos que determinó que el agente no estaba en “peligro inminente” cuando disparó su arma.
El joven Nahel, de origen marroquí, falleció a finales de junio de 2023 víctima de un disparo por parte de un agente de Policía que, durante un control de tráfico, aseguró haber temido por su integridad física, acusando al menor de intentar atropellarlo. Un vídeo posterior desmintió esta versión.
Este suceso desató una oleada de manifestaciones, muchas de las cuales derivaron en protestas violentas y disturbios, en gran parte del país. Las autoridades informaron entonces de la detención de cerca de 4.000 personas, de las que casi 2.000 fueron condenadas y más de 1.700 enviadas a prisión.
La situación fue tal que la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al Gobierno galo a atajar los “graves problemas de racismo y discriminación en las fuerzas de seguridad”, unas críticas que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores francés tacharon de “infundadas”.
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