MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía General de Colombia ha imputado al exdirector del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el coronel retirado de la Policía Manuel Antonio González Enríquez, por facilitar el asesinato en 1990 del excandidato presidencial Carlos Pizarro.
La Fiscalía ha ordenado también orden de detención contra González Henríquez, a quien “vincula formalmente como presunto responsable de los delitos de homicidio con fines terroristas, concierto para delinquir y porte ilegal de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas”.
Carlos Pizarro Leongómez, antiguo comandante del grupo guerrillero Movimiento 19 de abril, fue asesinado el 26 de abril de 1990 en un avión que cubría la ruta Bogotá – Barranquilla (Atlántico), cuando el sicario Gerardo Gutiérrez Uribe alias ‘Jerry’ le acribilló a tiros en pleno vuelo. En 2017, la Fiscalía imputó al exdetective del DAS Jaime Ernesto Gómez Muñoz, que mató a tiros a ‘Jerry’ en los instantes posteriores al asesinato cuando el sicario estaba rendido en el suelo en lo que los fiscales interpretaron como un intento de encubrir una conspiración.
Sobre el caso de González Henríquez, la Fiscalía le acusa de aprovechar su cargo para efectuar “cambios y rotaciones imprevistas del personal de seguridad del dirigente político, lo cual facilitó el actuar del sicario y el cumplimiento del plan criminal”.
Gómez Muñoz fue condenado en septiembre de 2023 a 20 años y tres meses de cárcel, en el marco de una investigación sobre la ola de asesinatos de candidatos presidenciales colombianos entre 1989 y 1990. Junto a Pizarro fueron asesinados Luis Carlos Galán, candidato del Nuevo Liberalismo, en un evento público en Soacha (Cundinarmarca) en agosto de 1989 y Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica, en marzo de 1990 en el aeropuerto de Bogotá.
El DAS, un organismo especializado en tareas de Inteligencia y Contrainteligencia, fue disuelto en 2011 bajo el mandato del entonces presidente Juan Manuel Santos, en buena parte por el escándalo por las interceptaciones ilegales de llamadas durante el Gobierno de su predecesor Álvaro Uribe Vélez.
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