María Farnés, irritada por reclamar “lo mismo” de todos los años: más medios, personal e instalaciones dignas en Tenerife y Fuerteventura
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 (EUROPA PRESS)
La Fiscal Superior de Canarias, María Farnés, ha solicitado este lunes más medios, recursos y una estructura estable para atender a los migrantes que llegan al archipiélago y que se acabe con los “parches”.
En la presentación de la memoria correspondiente a 2022 ante la comisión parlamentaria de Gobernación, Justicia y Seguridad ha indicado que la inmigración en Canarias no es “algo raro” sino que “ocurre permanentemente” y no entiende que se vuelva a improvisar tras las crisis de los cayucos de 2006 y los años 2020 y 2021.
No obstante, ha admitido que el repunte de septiembre y octubre “ha cogido de sorpresa” pues “nadie” lo esperaba y ahora se trata de que todas las instituciones “tienen que organizarse” para que los casos se resuelvan “lo más rápido posible”.
Para ello ha indicado que se ha nombrado una fiscal delegada autonómica que va a entablar reuniones de coordinación con la Dirección General del Menor o la Policía Nacional para tratar de agilizar trámites.
Por ello ha pedido crear instalaciones “adecuadas y permanentes” y “no esperar a que ocurra el problema porque va a continuar”, subrayando que con unas llegadas “de tal calibre”, desde la Policía Nacional “no dan abasto” y ni siquiera se puede investigar casos de trata de personas ni a los patrones de las embarcaciones.
Farnés ve “preocupante” la situación de la migración en el archipiélago “a nivel organizativo, legal y humano” y advertido de la “generalización” en las peticiones de asilo salvo entre los migrantes marroquíes que son más “reacios”.
En esa línea ha reclamado evaluar la inmigración como un problema de “conjunto” que obliga a tener más medios en los hospitales, por ejemplo, para determinar la edad de los presuntos menores, al tiempo que ha alertado de los “serios problemas” que se dan con la documentación de las personas procedentes de Gambia, pues “no se sabe si es verdadera o falsa”, lo mismo que ocurre con las partidas de nacimiento senegalesas o las tarjetas sanitarias de Malí.
Asimismo, ha indicado que “no hay ningún dato” que haga pensar en un “repunte” de delitos como consecuencia de la llegada de migrantes.
Al igual que el año pasado, la Fiscal Superior ha vuelto a exigir un aumento de plantilla pero también de las instalaciones, pues el año pasado llegaron dos fiscales nuevos y no había “espacio físico” para que pudieran trabajar.
SITUACIÓN “CRITICA” EN LA FISCALÍA DE FUERTEVENTURA
Ha exigido para Santa Cruz de Tenerife un Palacio de Justicia “igual” que el de Las Palmas de Gran Canaria y ha indicado que la situación es especialmente “crítica” en Fuerteventura, donde la Fiscalía presta sus servicios “en un garaje”, sin luz natural, sin ventilación, con humedades, aguas fecales, y sin aire acoinaisdiconado.
De hecho, ha dicho que se planteó presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Sanidad pero entiende que el caso está en vías de solución” porque se buscan locales en la capital de la isla y pese a que la construcción del nuevo Palacio de Justicia también está paralizada por cuestiones administrativas.
Lo mismo ocurre con San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, donde dos fiscales tuvieron que trasladar su actividad al Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria porque no había “ni para una mesa” en la sede.
“Les pido ayuda para cumplir con los ciudadanos pero no puedo seguir viniendo todos los años a pedir lo mismo”, ha comentado, remarcando que hay que potenciar las plantillas de los institutos de Medicina Legal y Forense o más peritos especializados en Urbanismo y Medio Ambiente.
La Fiscal Superior ha señalado que en año pasado hubo casi 145.000 procedimientos, un 20% en la provincia de Las Palmas, algo que achaca al sistema de guardias de 24 horas que hace que se duplique el registro.
Ha valorado un aumento de las sentencias de conformidad (+84,8%) gracias a la actividad de los juzgados de guardia y también ha destacado el aumento de los juicios por delitos leves, lo que “entorpece” los juzgados de primera instancia, de ahí que sea necesario “potenciar la mediación” porque es un “desatascamiento” para los juzgados.
Ha dicho también que se han examinado más de 300 sentencias en aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’ y que ha culminado en 28 rebajas, 14 en cada provincia, de uno o dos años, y un total de cuatro excarcelaciones.
INFORMES PSICOSOCIALES: “UN PROBLEMA ENQUISTADO”
Farnés ha tildado de “problema enquistado”, la tardanza y falta de calidad en los informes psisociales que dejan en un “limbo” los regímenes de visitas para personas incursas en una causa judicial por violencia contra su pareja.
“Sin informes no se pueden adoptar visitas, hay que tomarse muy en serio este tema, el bienestar del menor no lo puede aguantar más, necesitamos un informe para saber qué régimen de visitas se puede hacer”, ha destacado.
Ha dicho también que se quiere “proteger” al menor pero para ello cree que “hacen falta” profesionales que no están en la administración de justicia, especialmente psicólogos y enfermeros.
En cuanto a la violencia de género, con más de 12.000 procedimientos el año pasado, ha señalado que la oficina de víctimas, obligatoria desde 2021, “está sin funcionar”, y cree que es “fundamental” potenciar la educación entre los jóvenes para anticiparse a los hechos. “Nosotros somos represivos, intervenimos si ocurre algo”, ha destacado.
Farnés se ha referido concretamente al caso del asesinato de Romina Celeste en Lanzarote, cuyo asesino fue puesto en libertad porque pasó el tiempo de prisión provisional sin que se hubiera realizado el juicio.
Ha admitido que era un procedimiento “complejo” porque “no había cadáver y era muy difícil la investigación” por falta de medios pero no ha ocultado que ha sido un “fracaso” ha sido enjuiciado finalmente, es un fracaso, debe enjuiciarse mucho antes de que finalice el periodo de prisión provisional.
AUMENTAN LOS “ABANDONOS DE MENORES”
La Fiscal Superior ha alertado también de que aumentan los “abandonos de menores” porque muchas familias “viven en la calle” o como ‘okupas’ debido a problemas económicos o problemas para acceder a una vivienda, situación que además genera “conductas violentas”.
Además ha pedido instalaciones adecuadas para menores con TEA que necesitan internamiento y advertido del aumento de la violencia en el ámbito familiar y el acoso escolar a través de las redes sociales.
Ha indicado también que la ciberdelincuencia “está en aumento”, especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con estafas y otros delitos vinculados al patrimonio, las drogas o el ‘sexting’ y ha incidido en la “vulnerabilidad” de mayores extranjeros que residen en las islas.
La Fiscal se ha referido también expresamente a la situación del centro penitenciario Tenerife II que en su opinión “debe mejorar” en aspectos como la limpieza, calefacción, o humedades y también en aumentar las cámaras de vigilancia y cubrir la plantilla pues falta un 25%, 115 plazas, muchas de ellas de ámbito sanitario y cuando muchos internos están medicados porque sufren trastornos mentales.
- Te recomendamos -
