MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía General de República Democrática del Congo (RDC) ha decidido finalmente abrir una investigación sobre la denuncia de la Auditora Financiera del Estado congoleño, que ha exigido a China 16.000 millones de euros tras acusar de incumplimientos, por parte del Gobierno de Pekín, del acuerdo de infraestructuras a cambio de la explotación de minerales firmado por ambos países en 2008.
En lo que se conoce como el caso Sicomines, el acuerdo, concretamente, obligaba a las empresas estatales chinas Sinohydro Corp (Ingeniería) y China Railway Group Limited (Ferrocarriles) la construcción de carreteras y hospitales a cambio de una participación del 68% en Sicomines, una empresa conjunta de cobalto y cobre con la empresa minera estatal del Congo, Gecamines.
El informe presentado por la Auditora estima que el país no ha recibido de China una compensación adecuada por la explotación de sus reservas de cobre y cobalto.
De acuerdo con el documento, recogido el mes pasado por Bloomberg, los socios chinos han desembolsado solo unos 820 millones de euros en concepto de financiación de infraestructura durante los últimos 14 años en obras que “en su mayoría, no han tenido impacto visible en la población”.
En este sentido, y en un comunicado de respuesta, Sicomines cuestionó “tanto la competencia de la Auditora” para estos casos “como el procedimiento seguido” en una investigación que, en opinión de la compañía, supone una “violación de sus derechos”, recoge en su cuenta de Twitter.
El informe “ignora el mecanismo puesto en marcha por la RDC a través de Acuerdo de Colaboración y los derechos otorgados a Sicomines, y en particular su derecho a ser atendida” en este procedimiento, “perjudicando en última instancia los intereses del país y del pueblo congoleño”.
Así pues, Sicomines comenzará un procedimiento de evaluación con vistas a emprender “acciones a tomar para proteger susderechos” antes de recordar que RDC “es un Estado de derecho donde el derecho a la defensa está consagrado y garantizado por laConstitución.
En este momento, la Fiscalía solo está interesada en los 820 millones de euros desembolsados hasta el momento, que a su entender “es demasiado dinero como para corresponder al escaso número de infraestructuras” construidas hasta el momento, en un caso que está estudiando, por ahora, como una “presunta apropiación indebida de fondos públicos”.
Para el fiscal, el país ha acabado “sobrepagando” por unos trabajos “inconclusos o ni siquiera ejecutados” mientras que China ha recibido en su totalidad todo lo acordado con la RDC. “Todo lleva a presumir una malversación”, afirma el fiscal general Robert Kumbu en un comunicado recogido por Radio France Internationale (RFI).
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