MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, ha pedido este miércoles al Poder Judicial que suspenda el proceso disciplinario que abrió en la víspera la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución que garantiza la independencia judicial del país, a raíz de una investigación que la vincula al frente de una supuesta red criminal con la que habría influido de manera irregular para la designación de una serie de puesto.
Benavides ha presentado una medida cautelar ante el Sexto Juzgado Constitucional del Tribunal Superior de Lima, alegando que se trata de un procedimiento “exprés” que “colisiona con las elementales reglas del debido proceso”. Así, ha calificado el procedimiento de “inconstitucional, ilegal e inmotivado” que tiene “como finalidad inmediata” su suspensión provisional en su cargo, según informa el periódico andino ‘El Comercio’.
Además, la fiscal ha afirmado que la decisión se ha tomado ante la “supuesta existencia de pruebas evidentes que nadie ha aportado ni ponderado debidamente, que no han sido objeto del necesario contraste”. En este sentido, ha asegurado que la evidencia son “conversaciones de WhatsApp de un exasesor”, por lo que considera que esto “en modo alguno evidencian su participación directa sobre tales hechos”.
En la víspera, la JNJ anunció la apertura de un proceso disciplinario inmediato contra la fiscal, al considerar que hay evidencia suficiente de una conducta “irregular” y en el que se ha detectado una “falta disciplinaria muy grave”. La apertura de la pesquisa llegó poco después de que el Congreso de Perú citase de urgencia a Benavides por el mismo caso, y varios congresistas incluso pidieran una suspensión temporal hasta esclarecer lo ocurrido.
El lunes, la Fiscalía y la Policía Nacional pusieron en marcha una investigación por una supuesta red criminal de tráfico de influencias que relacionaba a Benavides y a varios de sus colaboradores. Esta trama habría maniobrado para influir en la designación y cese de algunos puestos, como la elección del defensor del Pueblo Josué Gutiérrez y la inhabilitación de Zoraida Ávalos.
En respuesta, la fiscal general presentó una denuncia constitucional contra la presidenta peruana, Dina Bolurte, y varios de sus ministros por las muertes de manifestantes en las protestas contra su mandato y la inhabilitación y arresto del expresidente Pedro Castillo. La mandataria, por su parte, renunció a la inmunidad presidencial y tachó de “deleznable maniobra” con la que la fiscal general intenta distraer la atención de la investigación en la que está incluida.
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