La presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, ve “urgente” una ley autonómica y asume que los recursos sanitarios son “insuficientes”
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 (EUROPA PRESS)
La presidenta de la Federación Salud Mental Canarias, Cristina Acosta, ha alertado este jueves de la “precariedad” laboral que sufren las personas con trastornos de salud mental por lo que ha pedido “sensibilizar” a las empresas.
En la inauguración de la jornada ‘Trabajo y salud mental, un vínculo fundamental’, ha resaltado la “realidad ambivalente” del ámbito laboral porque aunque el trabajo “es clave” para el desarrollo y la recuperación e inclusión social de las personas, en muchas ocasiones la precariedad y la “discriminación” también “agravan” los problemas.
“Las cifras nos advierten de que las personas con problemas de salud mental enfrentan mayores dificultades para acceder al empleo y cuando lo consiguen, muchas veces en condiciones poco saludables”, ha destacado.
Ha insistido en que las políticas de empleo contemplen todos los mecanismos posibles para garantizar unas “condiciones decentes” y la promoción de entornos laborales “seguros e inclusivos”, fomentando la contratación de personas con problemas de salud mental y garantizando un “empleo digno y de calidad”.
Acosta ha comentado también que con motivo de la conmemoración del ‘Día Mundial de la Salud Mental’ se abre una “oportunidad” para seguir avanzando en la lucha por los derechos fundamentales dado que aún se carece de una “legislación específica”.
Por ello ha pedido, entre otras cosas, velar por la eliminación de la coacción, la “medicación excesiva” y las contenciones en entornos sanitarios así como por sustituir el internamiento en instituciones por cuidados comunitarios.
“Promovamos la salud mental mediante una atención pública y gratuita, asegurando que todos y todas, independientemente de la isla que vivimos, recibamos una atención de calidad”, ha comentado.
En su opinión, esto implica aumentar los recursos económicos en sanidad y la ratio de profesionales especializados en psicología, psiquiatría, enfermería de la salud y atención primaria, además de mejorar los sistemas de coordinación sociosanitaria.
Asimismo cree que “es preciso” desgajar la salud mental de la discapacidad dentro de la Dirección General de Discapacidad del Gobierno de Canarias pues permitiría el desarrollo y la mayor adecuación de programas, recursos y políticas específicas.
La presidenta de la federación ha pedido también “estabilidad presupuestaria” para asegurar la sostenibilidad de las entidades dado que en muchas ocasiones asumen “riesgos económicos” para poner en marcha programas y proyectos. “Es imprescindible que las ayudas y subvenciones se confirmen con antelación”, ha explicado.
Acosta ha dicho que es “primordial” impulsar la detección temprana de problemas de salud mental en las escuelas y la formación del personal docente en la prevención del acoso escolar, el suicidio o las adicciones.
“No olvidemos nunca que todos y todas podemos sufrir un problema de salud mental”, ha señalado. Trabajemos por la prevención y promoción de la salud mental de todas las personas, desde los más jóvenes hasta la de nuestros mayores. Igualmente, fomentemos una participación social activa de las mujeres con problemas de salud mental, garantizando su acceso a recursos y servicios y protegiéndolas de la violencia.
Ha reclamado, igualmente, que las personas con problemas de salud mental “estén en el centro de las decisiones” y sin olvidar el “papel crucial” de las familias, que han sido los “verdaderos motores” del movimiento asociativo.
“Ellas son quienes nos cuidan, nos apoyan y luchan por una mejor calidad de vida para sus seres queridos”, ha destacado.
QUEDA “MUCHÍSIMO POR HACER”
La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha tildado de “urgente y prioritario” que se apruebe en las islas una ley específica de salud mental, pues solo hay cuatro autonómicas hasta el momento y el archipiélago está a la cabeza en prevalencia de población con problemas de salud mental, con 518,5 casos por cada 1.000 habitantes, cuando la media nacional se sitúa en 331 casos.
“Yo creo que los datos requieren la necesidad urgente de contar con una ley, con una ley integral que aborde estos problemas de salud mental”, ha señalado.
Ha asumido que queda “muchísimo por hacer” desde el punto de vista sanitario, social y normativo, y en ese sentido ha pedido el aumento de los recursos sanitarios y terapéuticos, porque son “insuficientes”, con solo 678 profesionales en el SCS que asistieron a más de 71.000 personas el año pasado.
Pérez ha valorado la creación de la Dirección General de Salud Mental, un “avance y mejora que tendrá que consolidarse”, y ha reclamado la elaboración de nueva normativa laboral para que las personas con alguna enfermedad mental tengan una “relación diferente” con los puestos de trabajo dado que es “indiscutible” que mejoran su estado de salud con una “vida laboral plena”.
No obstante, ha comentado que ahora hay “más sensibilidad”. “Hace 20 años eran locos y los psicólogos y psiquiatras eran loqueros”, ha explicado. ha mejorado la pedagogía social, hay más sensibilidad
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