Las asociaciones hacen un llamamiento al juez para que “reconsidere su decisión”
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han expresado su “profunda preocupación” por la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid de citar como investigados a cuatro redactores de ‘El País’, ‘El Mundo’ y ’20 Minutos’ por difundir el contenido de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con el caso que afecta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El juzgado ha citado a declarar en calidad de investigados el próximo 19 de junio a cuatro redactores por las informaciones que publicaron el pasado 25 de noviembre sobre el informe en el que la UCO analizaba las conversaciones de WhatsApp y los correos electrónicos intervenidos a la fiscal provincial de Madrid por orden del Supremo.
Aunque han mostrado su “respeto” a la independencia del poder judicial, la FAPE y la APM han defendido que las decisiones que se adopten “no pueden poner en peligro el secreto profesional de los periodistas y su derecho a no revelar las fuentes a través de las cuales han conocido la información que ha publicado”. “Se trata de un derecho recogido en el artículo 20 de la Constitución Española y es uno de los pilares fundamentales en un Estado democrático”, han señalado.
Las organizaciones de periodistas han puesto de relieve que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas decisiones deben respetar las autoridades judiciales españolas, ha establecido reiteradamente que las garantías de la libertad de prensa no decaen, aunque la fuente del periodista haya violado algún deber de secreto”.
“El mismo tribunal ha condenado en varias ocasiones a distintos Estados por actuaciones de este tipo, entre ellas, investigar a periodistas o registrar sus despachos por publicar informaciones obtenidas a través de filtraciones supuestamente ilegales”, han agregado.
Las asociaciones hacen un llamamiento al juez para que reconsidere su decisión. En cualquier caso, la FAPE y la APM han anunciado que “respaldarán a los periodistas citados como investigados en su derecho a no dar a conocer las fuentes por las que pudieron acceder a un informe que resulta de interés para sus lectores”.
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