BRUSELAS, 18 (EUROPA PRESS)
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido este lunes a la Comisión Europea que analice si el proyecto urbanístico que afecta al entorno natural de la cantera de Godella (Valencia), es compatible con la ley europea de impacto ambiental.
La petición, que reclama que se “conserve este pulmón de biodiversidad cercano a la ciudadanía local”, se refiere, en concreto, a un proyecto de urbanizaciones ‘Canyada de Trilles’ o ‘Torreta del Pirata de Godella’ que “pondría en peligro la antigua cantera histórica de ‘Les Pedreres’ y su entorno”.
Los grupos parlamentarios socialistas, liberales, verdes e izquierda se han mostrado partidarios de mantener abierta esta petición, frente al rechazo de los ‘populares’, que en un giro final han pedido su cierre pese a que el eurodiputado Radan Kanev defendió previamente mantenerla abierta para asegruarse de que no existe violación de la directiva europea, aunque no descartaba cerrarla “más adelante”.
El eurodiputado socialista Domènec Ruiz Devesa se ha sumado a la preocupación por el futuro de la cantera y ha defendido que se trata de una “pieza fundamental en la protección del entorno”, ya que contribuye a hacer frente a los efectos del calentamiento global y que puede “desaparecer” debido a los planes urbanísticos que ha propuesto el Ayuntamiento de Godella para dar paso a la construcción de viviendas.
En este sentido, ha reclamado “medidas urgentes para garantizar su conservación como bosque periurbano” y ha instado también al resto de grupos a apoyar “esta importante causa”, puesto que considera que se debe estudiar su compatibilidad con la directiva de impacto ambiental. También ha pedido que se remita a la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo para que pueda fijar su posición al respecto.
Por su lado, la eurodiputada de la Izquierda Esther Sanz Selva h denunciado que esto “no es un fenómeno aislado ni novedoso”, sino que ocurre en toda la Comunidad Valenciana, un territorio “lleno de conflictos de proyectos urbanísticos que agreden al territorio y vulneran varias directivas europeas”.
Por ello, ha hecho un llamamiento a la Comisión Europea para que investigue “en profundidad” estos “proyectos urbanísticos depredadores” ya que critica que se trata de “un problema estructural” que afecta a todo el territorio español y a otros países de la UE.
Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha rechazado dar seguimiento a esta petición porque la directiva se ha transpuesto correctamente a la legislación nacional, lo que permite el acceso a los procedimientos de recurso administrativo y judicial a los que cualquier ciudadano puede recurrir para impugnar la legalidad de las decisiones de las autoridades públicas que consideren que hayan vulnerado alguno de los derechos conferidos por la directiva.
Al hilo de ello, la Comisión considera que los mecanismos de recurso ante los órganos nacionales pertinentes disponibles en virtud de la directiva constituyen el medio “más adecuado” para que el peticionario haga valer sus reclamaciones de manera satisfactoria, en caso de que considere que no se están aplicando correctamente las disposiciones de la legislación comunitaria.
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