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La Eurocámara pide medidas más estrictas y sanciones en la nueva ley sobre publicidad política

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BRUSELAS, 2 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves las que serán sus líneas rojas en la negociación con los Veintisiete para las nuevas reglas sobre publicidad política en la Unión Europea, un proyecto para el que reclaman normas más estrictas, sanciones y plazos más cortos para investigar infracciones y que organizaciones extranjeras no puedan financiar anuncios políticos en la UE.

De este modo, las negociaciones con los Veintisiete podrán comenzar en breve, con el objetivo de lograr un acuerdo sobre las nuevas normas a tiempo para que puedan aplicarse durante las elecciones europeas de 2024.

En base a las enmiendas introducidas por los eurodiputados a la propuesta de la Comisión Europea sólo los datos personales facilitados de manera explícita para la publicidad política podrán ser utilizados por los anunciantes, según ha informado en un comunicado la Eurocámara.

El objetivo es que con ello quede prohibida la llamada ‘microsegmentación’, una estrategia que usa los datos de consumo y demográficos para identificar los intereses de individuos específicos.

Además, los negociadores parlamentarios deberán defender disposiciones para regular las actividades de segmentación en general, por ejemplo con la prohibición total del uso de datos de menores de edad.

La posición de la Eurocámara salió adelante con 433 votos a favor, 61 en contra y 110 abstenciones y respalda también medidas como prohibir que las organizaciones no domiciliadas en la UE puedan financiar publicidad política dentro del territorio común. Además, precisan que para determinar dónde está basada una entidad, las autoridades deberán tener en cuenta quién controla en última instancia al pagador del anuncio.

Otro elemento introducido por los eurodiputados tiene que ver con garantizar que los ciudadanos, las autoridades y los periodistas pueden acceder de forma sencilla a la información sobre publicidad política. Entre otras propuestas, plantean crear una base de datos digital para todos los anuncios políticos en línea y los datos relacionados.

Con ello quieren que se facilite la obtención de información sobre quién paga los anuncios, su coste y el origen del dinero utilizado. También deberá ser información pública el hecho de que un anuncio haya sido suspendido por violación de las reglas, los grupos específicos de individuos a los que va dirigidos, y los datos personales utilizados, así como las visitas y las acciones de la audiencia respecto al anuncio.

En canto a las sanciones, la posición parlamentaria aboga por multas periódicas en caso de infracción reiterada y la obligación para los grandes proveedores de servicios de publicidad de suspender sus operaciones con un cliente específico hasta quince días cuando se produzca una violación grave y sistemática de las normas. La Comisión podrá fijar sanciones mínimas para toda la UE.


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