SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Cuentas de Canarias ya había alertado en 2022 de la falta de solvencia de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL vinculada a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos y que fue detenido en una operación por el cobro de ‘mordidas’ por la venta de material sanitario.
En un proyecto de informe recogido por Europa Press y que finalmente no fue aprobado por el Pleno de la Audiencia –en la pasada Legislatura la mayoría en el Parlamento de Canarias recaía en PSOE, NC, Sí Podemos y ASG– el órgano fiscalizador de la comunidad autónoma se centró en dos contratos suscritos con esa empresa por importe global de 9,7 millones.
En concreto se trataba de uno suscrito el 4 de mayo para adquirir dos millones de mascarillas protectoras KN95 por importe de cinco millones de euros y otro, del 22 de abril, por 4,7 millones, para comprar otro lote de mascarillas protectoras FFP2.
Así, la Audiencia afeó al Ejecutivo que se autorizara los pagos cuando se superaban los umbrales económicos previstos en la situación de excepcionalidad derivada de la pandemia y también incide en que la empresa no tenía un objeto social relacionado con el material sanitario.
La Audiencia reconoce las “difíciles circunstancias de trabajo” que tuvo que soportar el personal asignado por el SCS para gestionar las contrataciones durante la pandemia pero no entiende que se formalizasen contratos con empresas cuyo objeto social era la venta y reparación de automóviles, construcción y montaje de buques, actividades agrícolas y ganaderas o adquisición y almacenamiento de suministros industriales y cuya relación con los productos a adquirir “era inexistente”.
De hecho, en este conjunto de contratos se encuentra otro suscrito con la empresa RR7 United y que está bajo investigación de la Fiscalía Europea porque se pagaron cuatro millones de euros por adelantado por un millón de mascarillas que no se llegaron a recibir.
Por ello, la Audiencia resume que muchas de las contrataciones durante la pandemia “estuvieron muy alejadas del rigor” que se le exige a un servidor público y no se dirigieron a “salvaguardar” los recursos económicos de la comunidad autónoma, motivando que parte de los productos sanitarios ni siquiera tuvieran los requisitos mínimos de calidad exigidos y no pudiesen cumplir la finalidad para la que fueron adquiridos.
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