La Guardia Civil reseña que los presuntos ‘cerebro’ y ‘conseguidor’ acumulan cinco y dos antecedentes policiales, respectivamente
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La Agencia Tributaria sostiene en un informe que la empresa sobre la que gira la ‘trama Koldo’ defraudó 200.000 euros en concepto de impuesto de sociedades en 2020, año en el que logró adjudicarse contratos de mascarillas de varias instituciones por unos 52 millones de euros.
De este modo lo recoge la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una serie de documentos a los que ha tenido acceso Europa Press y que forman parte del sumario del ‘caso Koldo’ relativos a la detención de los investigados el pasado febrero.
La UCO indica que Soluciones de Gestión “habría cometido un fraude fiscal de 200.000 euros en el año 2020”. Los investigadores hacen tal afirmación tras citar el informe 90-24 emitido por la Delegación Especial de Aragón de la Agencia Tributaria e incorporado a esta causa, en la que la Audiencia Nacional investiga el presunto cobro de comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de material sanitario al principio de la pandemia.
Según apuntan los agentes, de ese informe de Hacienda se desprende que Soluciones de Gestión “dejó de ingresar 200.000 euros del Impuesto sobre Sociedades de 2020 como consecuencia de un ajuste fiscal por deterioro de crédito en 2019, en el que hay que valorar su finalidad defraudatoria por los hechos ya expuestos”.
VARIOS ANTECEDENTES POLICIALES
La UCO, además, menciona que hay algunos detenidos que tienen antecedentes policiales, como ha comprobado en las bases de datos de la propia Guardia Civil y al consultar a la Policía Nacional, la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra y la Policía Foral de Navarra.
Así lo refleja en un atestado del 22 febrero, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, fechado dos días después de las detenciones.
Encabeza la lista el presunto ‘cerebro’ de la trama, Juan Carlos Cueto, que acumula delito por defraudación a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local; blanqueo de capitales; corrupción en las transacciones comerciales internacionales; cohecho, y participación o cooperación con organizaciones y grupos criminales.
Le sigue Víctor de Aldama, el supuesto ‘conseguidor’ y además presidente del Zamora CF. En su caso, la UCO reseña un delito de conducción de un vehículo con pérdida de vigencia de la autorización por pérdida de puntos, y un delito de fabricación, introducción, posesión o facilitación de programas de ordenador destinados a cometer estafas.
En tercer lugar figura Rogelio Pujalte –dueño del Depósito Judicial de Murcia y la persona que habría dado el chivatazo a Koldo García de que estaba siendo investigado–, que cuenta con delito de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.
También aparecen Luis Alberto Escolano, al que le consta detención de requisitoriado por orden nacional de SIGO o BDSN, y Francisco Javier García, con delito de lesiones leves.
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