Dice que no había una estructura que pudiera “responder ante futuras reclamaciones de la inversión realizada”
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que se encargó de coordinar la investigación por la presunta estafa de Nueva Rumasa ha asegurado este lunes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional que la emisión de pagarés que realizó el grupo no fue “ni muchísimo menos ordenada” ni tampoco “bien estructurada”.
A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, el investigador ha afirmado que “la sensación” que se encontró su grupo cuando analizó la documentación -correos y declaraciones de testigos vinculados a las auditorías internas- lo que encontraron fueron “un compendio de papeles, anotaciones y tachaduras”, sin llegar a encontrar “una estructura que pudiera responder ante futuras reclamaciones de la inversión realizada”.
El investigador se ha expresado así en el marco de la vista oral por la que los seis hijos varones del fallecido empresario español José María Ruiz-Mateos se enfrentan a penas de 16 años de cárcel por delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. La Fiscalía pide para los otros nueve acusados, directivos del grupo, condenas de entre 3 años y 15 y años y seis meses de prisión.
El inspector jefe ha detallado que las conclusiones a las que llegaron tras analizar el caso fue que el grupo Nueva Rumasa se encontraba “en una situación de necesidad de liquidez”, lo que les llevó a la emisión de pagarés. “En base a nuestros informes, yo creo recordar que ya en el 2008, los propios correos que se mandan entre los hermanos, ya en el 2008 evidencian esa falta de liquidez”, ha señalado.
Esa situación, ha continuado, llevó a la familia a emitir publicidad al respecto, una estrategia que resulto ser “bastante llamativa para la ciudadanía”, que “se volcó” con la misma “confiando en los beneficios que podían obtener”. “La propia familia Ruiz-Mateos se sintió sorprendida de la acogida que habían tenido esos pagarés y vieron una manera para ir lanzándolos”, ha afirmado el agente.
EL CASTILLO DE NAIPES
Los acusados, ha aseverado, “estaban obteniendo liquidez de manera que la situación económica en la que se encontraban podían mantener su nivel de vida y podían continuar inyectando liquidez a las empresas que tampoco se encontraban en demasiado buen estado”.
Sin embargo, en enero del 2011 “el Gobierno, influido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores”, sacó adelante “una ley diciendo que esas operaciones de deuda no podían salir al mercado sin la auditoría” de la propia comisión. “Eso hace que todo, y perdónenme la expresión, este castillo de naipes se venga abajo”, ha sostenido.
El investigador ha explicado que esto fue así porque la familia no tenía la “capacidad para devolver ya no los intereses, que no los devolvían, sino ni siquiera el principal”. “Y es cuando se suceden a la hora del vencimiento de los pagarés las diferentes denuncias y querellas que se van presentando en la Audiencia Nacional”, ha indicado.
En este punto, el fiscal ha preguntado al testigo qué hicieron los acusados con el dinero que recolectaron. “Vimos que se inyectó capital en las sociedades que lo necesitaban, utilizaron una caja única llamada Bardajera donde iba todo el dinero de las sociedades, y de ahí se distribuían a las sociedades que tenían mayor necesidad de capital”, ha explicado.
El agente ha indicado que los acusados “publicitaban la posibilidad de invertir en B”. “Y todo ese dinero lo devolvían, si había que devolverlo en algún momento. Utilizaban constantemente testaferros y personas de confianza para llevar a cabo esas actividades. No solo se hacía desde Madrid como punto neurálgico de la emisión de pagarés: también desde Barcelona, Valencia y Andalucía”, ha señalado.
EL ROL DE LOS ACUSADOS
A su vez, la “rama internacional” de la trama estaría coordinada por Alfonso Barón Rivero, y era “muy prolífica”. La UDEF, de hecho, llegó a contabilizar “más de 100 sociedades domiciliarias en países offshore”, desde “Belice a las Antillas Holandesas” pasando por Panamá y las Islas Vírgenes. “Todas vinculadas con lo que denominamos como grupo Nueva Rumasa”, ha apuntado.
El inspector ha asegurado que también observador que era “fundamental determinar las marcas” en caso de que fuera necesario “sacarla fuera de España por si sufrían en algún momento un embargo o se les impedía, si fuera el caso, venderla”.
En lo relativo al rol de los acusados, el investigador ha detallado que el patriarca se encargó de la relación con las entidades financieras. Uno de sus hijos, Francisco Javier, era considerado “el financiero de la familia” y en el que todos confiaban. Sin embargo, ha dejado claro que no había una definición clara de las funciones de cada uno de ellos.
“Tampoco puedo decir que don Francisco Javier se centrará en una cosa, don Álvaro en otra, don Zoilo en otra* son seis hermanos que más o menos tenían una especialidad en el sentido de que don Álvaro estaba más vinculado a Grupo Duhl, como le decía Don Francisco Javier, era el financiero, conocido como financiero de la familia, otro de ellos se centraba en las bebidas, pero no eran líneas absolutamente que no podían cruzarse o que fueran límites de un negocio y de otro y que no podían interrelacionarse entre sí, ni muchísimo menos”, ha señalado.
En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que el padre, sus seis hijos y los otros nueve acusados “venían trabajando durante años colectivamente en el ámbito de dirección de un complejo entramado societario conocido públicamente como Grupo Nueva Rumasa, denominación e imagen que utilizaban recurrentemente en su publicidad con el fin de presentarlo ante la opinión pública como un sólido holding empresarial”.
“Aunque todos ellos desempeñaban su trabajo bajo la dirección última de José María Ruiz Mateos, cada uno de los acusados ejercía en sus respectivos ámbitos de actuación un poder de decisión propio cuyas consecuencias eran recíprocamente aceptadas por todos”, asegura Anticorrupción.
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