MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
Más de cuatro millones de españoles en situación de pobreza, en concreto 4,2 millones, no pueden mantener su vivienda lo suficientemente fresca en los meses estivales.
Así lo recordó este jueves la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) en un comunicado en el que hizo hincapié en los datos sobre pobreza energética publicados en el XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’ y reclamó la articulación de medidas de lucha contra la pobreza energética también en verano, ante el “aumento” de las olas de calor.
“En nuestro país, la denominada pobreza energética se ha convertido en un problema estructural que se agrava cada año”, advirtió, para puntualizar que la pobreza energética y sus efectos derivados, así como otras dificultades relativas a la habitabilidad de los hogares pobres, “intensifican el acceso a una vivienda adecuada como un poderoso factor de vulnerabilidad”.
Tras subrayar que, según el mismo informe, el riesgo de pobreza y/o exclusión social en España alcanza ya a 12,7 millones de personas, el 26,5% de la población, lamentó que la situación “se agrava especialmente” en el caso de las personas mayores, de quienes tienen una discapacidad, o de menores.
“Es importante señalar que los hogares en situación de pobreza o exclusión social suelen sufrir una mayor ineficiencia energética, debido a un déficit en el aislamiento, problemas de infravivienda e insalubridad y uso de instalaciones y electrodomésticos poco eficientes”, abundó.
COLECTIVOS VULNERABLES
En este contexto, la red instó a “prorrogar y ampliar” las medidas de protección de colectivos “vulnerables”, para garantizar el acceso a los suministros básicos de los hogares en situación de vulnerabilidad.
En el caso del bono social, exigió ampliar las tarifas sociales existentes para la electricidad y el gas a otros suministros de “vital importancia” como son el agua e Internet.
Además, abogó por incluir con carácter permanente las mejoras de acceso y cobertura establecidas como medidas de emergencia, especialmente los descuentos del 65% para los consumidores vulnerables y del 80% para los consumidores vulnerables severos, “rectificando” la reducción progresiva de los descuentos aprobada el 4 de julio.
Junto a ello, pidió incluir a los hogares con algún miembro en situación de dependencia de grado I con los mismos criterios que el resto de las situaciones de dependencia así como la condición de encontrarse en situación de desempleo, ERTE o ERE como categoría de consumidor vulnerable de forma permanente o como circunstancia especial e incorporar como categoría de circunstancia especial que el consumidor destine más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda o que tenga entre 16 y 34 años.
ELIMINAR BARRERAS DE ACCESO
En paralelo, reclamó simplificar “al máximo” la información disponible y su tramitación para “eliminar barreras de acceso” y reducir la carga de impuestos para la energía de uso básico con carácter permanente, aplicando el IVA reducido o superreducido (4%) al consumo doméstico o servicios básicos como hospitales, residencias de mayores o escuelas.
“En un contexto de crisis ecológica cuyos resultados derivan en condiciones climáticas extremas, se hace necesaria una transición ecológica que tenga en cuenta la realidad de las personas y familias en situación de pobreza y/o exclusión”, reivindicó la red, al tiempo que destacó que las familias y las personas más vulnerables “son las primeras en sufrir las consecuencias de catástrofes naturales, cambios bruscos de temperatura o subidas de la energía, sin poder hacer frente al pago de suministros”.
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