MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) advirtió este lunes de que, si se eliminasen todas las ayudas y prestaciones, incluidas las pensiones de jubilación y supervivencia, 10,8 millones de personas en todo el país entrarían en situación de pobreza.
Esta es una de las conclusiones que arroja el XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza. Pobreza y Territorio. Comunidades autónomas y Europa’, presentado este lunes en el Senado y según el cual, en la “mayoría” de las comunidades, si no existiesen estas transferencias, las tasas de pobreza “crecerían más de un 50%”, situación que no alcanza a aquellas con cifras de pobreza “muy elevadas”, como Región de Murcia, Canarias, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.
En el otro extremo se encuentran Cantabria, Aragón, País Vasco y Asturias, las regiones donde las transferencias “reducen la pobreza con mayor intensidad”, según la red. “Si no se tienen en cuenta las pensiones, el efecto reductor de las transferencias del Estado se demuestra eficaz en todas las comunidades, aunque con una variabilidad que podría venir determinada por la calidad o el alcance de las ayudas”, abundó.
Por su parte, las pensiones de jubilación y supervivencia “cumplen”, a su juicio, “una importante función reguladora”, no sólo en la calidad de vida de las personas mayores, sino también entre quienes viven con ellas y se ven también “beneficiadas”.
El informe, que incluye los nuevos capítulos relativos a la situación en las comunidades autónomas y en Europa, complementando los datos estatales del XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’, presentado en el Congreso de los Diputados en junio, revela que, a nivel estatal, gracias a las prestaciones por jubilación, la pobreza se reduce 5,4 puntos entre los 0 a 64 años, afectando a dos millones de personas, pero siendo menor el “efecto amortiguador” en las comunidades autónomas con mayores tasas de pobreza.
EUROPA
Por lo que respecta a Europa, en materia de trasferencias el informe señala el “necesario refuerzo” del papel del Estado en materia de derechos sociales y subraya que, aun considerando la “importancia” que tienen dichas trasferencias, el efecto “es menor que en otros países de la Unión Europea”, dado que mientras que en España permiten reducir la pobreza en un 52,6%, en Alemania lo hacen en un 64,9%, en Francia en un 67,2% y en Finlandia en un 70,7%.
Junto a ello, la investigación denuncia la “gran asimetría territorial norte-sur” que se repite como en años anteriores y que es reflejada por la “práctica totalidad” de los indicadores empleados para medir la pobreza y la exclusión social.
Las comunidades más al norte mantienen tasas de pobreza y/o exclusión social bajas, de entre 0,8 y 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional (26,5%) e incluso inferiores a las medias europeas.
Sin embargo, las situadas al sur presentan tasas “extraordinariamente elevadas”, de entre 1,5 y 10,9 puntos porcentuales por encima de la media nacional y superiores a cualquier país de la UE.
Entre las razones de esta “brecha”, se encuentran, según la red, factores como la posición geográfica o la distribución de la población, pero también la gestión política y las diferentes estrategias de cohesión e integración social.
POLÍTICAS REDISTRIBUTIVAS MÁS INTENSAS
No obstante, según revela el informe, el crecimiento económico por sí solo “no es suficiente para garantizar condiciones de vida digna a todas las personas” y debe acompañarse con políticas redistributivas “más intensas”.
“Esto se refleja en la relación entre el Producto Interior Bruto (PIB) y la tasa de pobreza en las diferentes comunidades”, según la investigación, que apunta que, mientras que el PIB ha aumentado en todas las regiones desde 2015, la tasa de pobreza sólo se ha reducido en diez. En concreto, en comunidades como La Rioja, Comunidad de Madrid, Cantabria y Castilla y León incrementos del PIB superiores al 15% desde 2015 solo produjeron reducciones “mínimas” de la tasa de pobreza, de entre el 1 y el 3%.
Tras recordar que los efectos de las sucesivas crisis y el encarecimiento de la vida derivado de la inflación y del elevado coste de la vivienda, han provocado un aumento del riesgo de pobreza o exclusión social en todo el país, que ha pasado del 26% en 2022 al 26,5% en 2023, afectando a 12,7 millones de personas, el estudio advierte de que sólo Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura mejoran su situación respecto a 2022 y que el 4,3 % de la población nacional, es decir, unos dos millones de personas con los ingresos suficientes para no ser considerados pobres “no pueden mantener una vida digna”.
En este contexto, la red lamentó que la pobreza es “un problema estructural y sostenido en el tiempo” tanto a nivel europeo y estatal como en todas las regiones y defendió que las políticas impulsadas frente a las últimas crisis “han supuesto una vía de contención demostrando que, en materia de derechos sociales y en calidad de vida, no cabe margen de retroceso a ningún nivel competencial”.
“Pero no solo eso, erradicar de forma efectiva la pobreza y la exclusión social pasa por impulsar políticas sociales estructurales, que se consoliden como parte de los derechos sociales propios de un Estado de bienestar y no solo respondan a situaciones de emergencia”, sentenció, al tiempo que volvió a reclamar el “urgente y necesario impulso” de un Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza, que cuente con el “consenso” de todo el arco parlamentario y de los diferentes Gobiernos autonómicos.
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