MADRID, 31 (SERVIMEDIA)
La Dirección General de Consumo, integrada en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha enviado nuevos requerimientos de información a los principales operadores de distribución minorista de ámbito nacional para “comprobar” si se está trasladando “correctamente” al precio final del aceite de oliva en los supermercados la bajada al 0% del IVA, tal y como decretó el Consejo de Ministros el pasado 25 de junio y cuyo cumplimiento es obligado desde el 1 de julio.
Así lo anunció este miércoles el gabinete de Pablo Bustinduy en un comunicado en el que precisó que el inicio de estas actuaciones tiene su “origen” en la recepción de una denuncia por parte de Facua-Consumidores en Acción en la que advertía a la Dirección General de Consumo de “potenciales incrementos” en los márgenes de beneficio dentro de la distribución minorista del aceite de oliva y de “posibles distorsiones de precios que sufre el consumidor final”.
“La obligación de la Dirección General de Consumo y del propio Ministerio es comprobar que la reducción del IVA al 0% está siendo aplicada de manera íntegra por los supermercados, único eslabón de la cadena de producción del aceite de oliva en la que Consumo tiene competencias para poder actuar”, puntualizó el departamento de Bustinduy, al tiempo que agregó que dichas competencias, “además, tienen una naturaleza temporal”, ya que se “derivan” del escudo social aprobado por el Gobierno para hacer frente al alza de los precios tras la invasión rusa de Ucrania.
En paralelo, el ministerio explicó que la denuncia recibida por la Dirección General de Consumo ha sido elevada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que pueda “contribuir a esclarecer posibles distorsiones en el mercado” y avanzó que la información recabada a lo largo de estas actuaciones también será remitida al Observatorio de la Cadena Alimentaria dentro de la estrategia de “transparencia y claridad” en la conformación de precios de los alimentos que está llevando a cabo el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con el objetivo de “proteger a las personas consumidoras y medir el impacto positivo de las medidas y políticas públicas adoptadas por el Gobierno”.
En este contexto, el ministro Pablo Bustinduy señaló este miércoles que esta iniciativa “amplía las actuaciones en curso para asegurar que la bajada del IVA repercute íntegramente en las personas consumidoras y no va en ningún caso a alimentar el margen de beneficios de los distribuidores minoristas”.
ESCALADA EN EL PRECIO
Según subrayó el ministerio, Bustinduy ha mostrado públicamente en varias ocasiones su “preocupación” por la “escalada” en el precio de un producto básico como es el aceite de oliva y su “determinación” para “actuar” si las diligencias realizadas “muestran que los supermercados no están aplicando correctamente la rebaja del IVA a las personas consumidoras”.
No obstante, el titular de Consumo también ha recordado en sus intervenciones públicas que las competencias de su cartera “afectan únicamente al último eslabón de la cadena”, esto es, los supermercados, y que, para “garantizar” que se están “respetando” los derechos de las personas consumidoras y las decisiones tomadas por el Ejecutivo “sería necesario una investigación completa de todos los eslabones de la cadena de producción del aceite de oliva”.
Esta nueva acción se suma a las actuaciones realizadas por la Dirección General de Consumo, que ya requirió en febrero a los principales operadores de distribución minorista toda la información disponible para poder comprobar que se estaba respetando la bajada del IVA al 5% aprobada en el escudo social por el Ejecutivo para hacer frente al alza de los precios derivada de la invasión rusa en Ucrania y que contemplaba rebajas del IVA en el aceite de oliva así como en frutas y verduras y otros productos esenciales.
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