El tribunal suma ya 22 bajas que no se han podido cubrir por la limitación de funciones del CGPJ
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La presidenta en funciones de la Sala de lo Social del Supremo, Rosa María Virolés, se ha jubilado este martes, ahondando así la crisis de vacantes que sufre el alto tribunal por la imposibilidad legal de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realice nombramientos discrecionales con el mandato vencido.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este 18 de julio la jubilación forzosa de Virolés por alcanzar los 72 años, la edad máxima hasta la que jueces y magistrados pueden seguir ejerciendo.
La partida de Virolés supone elevar a 22 el número de vacantes en el Tribunal Supremo (TS), mientras que en el conjunto de la cúpula judicial –contando también tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales y audiencia nacional– superan ya las 80.
Ahora, el magistrado Antonio Sempere asumirá la presidencia en funciones de la Sala de lo Social, que ya ejercía también de forma interina Virolés después de que su otrora titular, María Luisa Segoviano, se jubilara el 20 de octubre de 2022.
La Sala Cuarta es, precisamente, una de las más afectadas por la falta de renovación de las plazas. De los 13 magistrados con los que debería contar, solo dispone de 7. La consecuencia es que hace tiempo que sus secciones se forman ya con cuatro magistrados, en vez de cinco, según las fuentes jurídicas consultadas.
Destaca también la situación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con 22 de los 33 magistrados que debería tener; mientras que la Sala de lo Militar cuenta solamente con 6 de los 8 magistrados que le corresponden y el próximo septiembre tendrá uno menos por la jubilación de Fernando Pignatelli.
Las salas que mejor resisten por ahora esta ausencia de reemplazos son lo Civil y lo Penal. La Sala Primera dispone de 8 de los 10 magistrados que le concede la ley y la Sala Segunda registró el pasado abril su primera baja con la jubilación de Miguel Colmenero, aunque sigue contando con sus 15 activos porque goza de un magistrado adscrito.
EL GABINETE TÉCNICO
Así las cosas, la Comisión Permanente del CGPJ acordó el pasado febrero solicitar al Ministerio de Justicia que autorizase la creación de 15 nuevas plazas de letrado del Gabinete Técnico del TS para dar apoyo a las dos salas que acumulan mayor número de vacantes, la Cuarta y la Tercera.
La Comisión explicó que, en concreto, es necesaria la creación de 8 plazas de letrado en lo Contencioso-Administrativo y de 7 en lo Social para ayudar a las secciones de enjuiciamiento mediante el estudio y la documentación de asuntos pendientes, permitiendo así que se dicte un mayor número de sentencias.
Según un informe del Gabinete Técnico del TS, solo entre esas dos salas se dictarán en el año 2023 un total de 1.230 sentencias menos –570 en Contencioso-Administrativo y 660 en Social– de mantenerse la situación actual, sin refuerzos.
El pasado mes de mayo, el departamento de Pilar Llop autorizó esos 15 refuerzos para siete meses y una dotación de 781.738,20 euros, a fin de “afrontar la sobrecarga de asuntos que sufren” ambas salas.
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