MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
Más de una veintena de asociaciones que trabajan en la lucha contra la pobreza energética, entre las que se encuentran CECU, Alianza contra la Pobreza Energética, Amigas de la Tierra y Ecologistas en Acción, denunciaron este jueves que la no convalidación del decreto ‘ómnibus’ por parte del Congreso de los Diputados “puede conllevar terribles consecuencias” para 1,6 millones de hogares “vulnerabilizados” que quedan “desprotegidos” frente al corte de suministros.
Así lo advirtieron en un comunicado en el que auguraron que se podría producir “una oleada de interrupciones por impago nunca vista si la situación no se enmienda” y urgieron al Gobierno a aprobar “cuanto antes” un nuevo decreto ley que “evite este escenario”.
“El voto en contra de PP, Junts y Vox ha generado una situación inédita, dado que desde marzo de 2020 la protección frente al corte se ha ido prorrogando periódicamente, evitando miles de cortes por impago en hogares vulnerabilizados”, abundaron, convencidas de que la “solución” es que el Ejecutivo convoque “cuanto antes” un Consejo de Ministros extraordinario y apruebe un nuevo decreto ley que incluya “exclusivamente” las medidas del escudo social y “no abra la puerta a que otros debates políticos puedan poner en riesgo su posterior convalidación”.
En materia energética, el llamado decreto ‘ómnibus’ incluía la prórroga de la prohibición de cortes de agua, luz y gas para todos los hogares acogidos al bono social eléctrico, 1.641.084 según las últimas cifras disponibles, así como descuentos ampliados del mismo bono social hasta finales de año.
“La situación actual se debe, en parte, a la dinámica del Gobierno de ir prorrogando las medidas sin convertirlas en estructurales”, estimaron, al tiempo que puntualizaron que, hasta que no se consoliden dichas medidas y se “integren” en la normativa sectorial “con carácter permanente”, los hogares vulnerabilizados “estarán a merced de las dinámicas parlamentarias y las estrategias políticas”.
NO PONER OBSTÁCULOS
En este contexto, emplazaron a las diferentes fuerzas parlamentarias, “sobre todo PP y Junts”, a no “poner obstáculos” a su convalidación “si sólo se incluyen medidas de carácter social”.
En paralelo, llamaron a Moncloa y “especialmente” al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a “abrir un periodo de reflexión” y “apostar por la consolidación de las medidas”, convencidas de que “los derechos no se prorrogan, se garantizan permanentemente”.
Por ello, volvieron a ofrecer su “colaboración” al Gobierno para trabajar de manera conjunta en propuestas “estructurales” que “solucionen de manera definitiva y que consoliden el acceso a los suministros básicos como un derecho universal”.
Entre las organizaciones firmantes también están Aeioluz, Aigua és vida, Consejo General del Trabajo Social, Coordinadora de Vivienda de Madrid, Diecisiete Coop, Ecodes, Ecoserveis, Energía Bonita, Ingeniería Sin Fronteras, Intiam Ruai, La Palma Renovable, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Red Agua Pública, Socaire, Torreblanca Ilumina, Unión Renovables y Xarxa per la sobirania energètica.
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