Pidió la suspensión cautelar tras ver rechazada su petición de asilo
BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado la petición de medidas cautelarísimas para suspender la deportación a Irán de un activista kurdo, su mujer embarazada y su hijo menor de edad desde el Aeropuerto de Barcelona.
Lo han explicado fuentes policiales consultadas por Europa Press y también el despacho Arrels Advocades, que defiende al activista y ha detallado en un tuit que “el tribunal alega que, a pesar de su conversión al cristianismo y la discriminación que sufren los kurdos en Irán, su situación no es suficientemente seria como para hablar de un daño grave”.
El activista y su familia pidieron asilo al llegar a Barcelona, una petición que fue rechazada, tras lo cual su abogado, Jordi Naya, ha presentado este jueves de madrugada la petición de medidas cautelarísimas para intentar evitar la deportación.
El activista y su familia iban a ser deportados en un vuelo este jueves a las 9.30, pero la deportación se ha aplazado tras el escrito del abogado y para dar tiempo a la respuesta del tribunal.
PETICIÓN DE ASILO
Fuentes policiales consultadas por Europa Press han remarcado que la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior examinó dos veces la petición de la familia, y las citadas fuentes han dicho que el activista “ha incurrido en contradicciones por los cambios de versión, primero aludía a que en Irán estaba perseguido por una condena y luego dijo que era por motivos religiosos, al ser cristiano”.
Arrels Advocades ha explicado que el activista es militante del Partido Democrático del Kurdistán Iraní, y que la Agencia de la ONU para los Refugiados en España ha emitido un informe “favorable” a la admisión a trámite de la solicitud de asilo.
Este mismo jueves la presidenta del Parlament, Anna Erra, ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para “que reconsidere” y deje sin efecto la deportación atendiendo a la situación familiar y personal del activista y la de Irán, la cual tacha de vulneración sistemática de derechos humanos, libertades civiles y derechos políticos.
Erra ha añadido que hay “dudas más que razonables de la suerte que pueden correr” si finalmente son deportados, y ha añadido que el activista está amenazado por su religión cristiana evangelista y por su participación en marchas y manifestaciones del movimiento ‘Mujer, vida y libertad’.
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