MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La defensa de la ex consejera y eurodiputada Clara Ponsatí ha presentado este mismo lunes un escrito en el Supremo (TS) en el que justifica que no acudirá a su cita de este 24 de abril a las 11.00 horas ante el alto tribunal, para que el magistrado Pablo Llarena le comunique su procesamiento por desobediencia por el 1-O, en que tiene trabajo en el Parlamento Europeo.
El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, alega “el hecho público” de que las comisiones de Industria, Investigación y Energía y de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, de las que Ponsatí es miembro, “tienen sesiones convocadas para el 24 de abril de 2023 en Bruselas, lo que, lógicamente, resultaría en cualquier caso incompatible con cualquier compromiso de cualquier índole a cientos de kilómetros de Bruselas”.
Su abogado, Gonzalo Boye, ha anunciado esta misma mañana en TV3 que Ponsatí no se presentará en el Tribunal Supremo (TS). “No sé si está de camino a Bruselas o ya está allí”, ha dicho. La propia eurodiputada ha publicado minutos después un ‘tweet’ con unas imágenes en el que dice: “Llueve en Flandes”.
El magistrado de la Sala de lo Penal del TS citó a Ponsatí después de que el pasado 28 de marzo se presentara en Barcelona desoyendo su obligación de comparecer ante la sede judicial, precisamente, para que pudiera celebrarse esta declaración indagatoria y continuar así con el procedimiento penal, paralizado hasta entonces por encontrarse prófuga en Bruselas.
Ese día, tras ser detenida por los Mossos d’Esquadra y llevada ante un juzgado de guardia de Barcelona, en virtud de la orden de detención nacional que tenía vigente, Llarena acordó dejarla en libertad y citarla para este lunes.
BENEFICIADA POR LA REFORMA PENAL
El horizonte penal de Ponsatí se despejó tras la entrada en vigor el pasado 12 de enero de la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación, obligando a Llarena a revisar el procesamiento de los huidos del ‘procés’.
Hasta ese momento, la ex consejera estaba procesada por sedición, por lo que la desaparición de este delito –penado con entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación– propició que Llarena lo sustituyera por el de desobediencia, castigado con multa de 3 a 12 meses e inhabilitación de 6 meses a 2 años.
Aunque tanto Fiscalía como Abogacía del Estado solicitaron al instructor que sumara el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, con penas de 3 a 5 años de cárcel y 6 a 8 de inhabilitación, Llarena lo rechazó.
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