Interesa que la causa sea declarada nula por vulneración de derechos fundamentales
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El abogado de Gonzalo Boye, al que se enjuicia en la Audiencia Nacional por presuntamente haber tratado de recuperar dinero aprehendido en Barajas en 2017 que podría ser del narcotraficante Sito Miñanco, ha señalado este jueves que “el castillo de naipes” en el que la Fiscalía basa la acusación contra él “se ha venido abajo” en la vista oral.
Así se ha pronunciado la defensa del abogado en su turno de informes después de sostener que la causa entera debe ser declarada nula por las diversas vulneraciones de derechos fundamentales sufridas a causa de las entradas y registros tanto en el domicilio como en el despacho profesional de Boye.
Cabe recordar que Boye, para quien el fiscal solicita una pena de 9 años y 9 meses, fue procesado por la magistrada por un presunto delito de blanqueo de capitales por su supuesta participación en el operativo para recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Madrid Barajas.
Estos ‘correos humanos’, que llevaban el dinero oculto en una maleta para moverlo hacia Colombia, fueron detenidos en febrero de 2017 en el aeródromo madrileño. Entonces, según el relato de la magistrada, los ‘narcos’ contactaron a Boye y con Jesús Morán Castro, para que elaboraran unos documentos que justificaran el origen legal del dinero.
El letrado Eduardo García Peña ha señalado que para condenar a Boye habría que declarar probado que los contratos de compraventa o las letras de cambio, o las dos cosas, son falsas, que Boye lo sabía, que consciente de esa falsedad las utilizó en los procedimientos ante el Sepblac, y que además “era consciente de que el dinero que se pretendía recuperar provenía de una supuesta organización liderada por Prado Bugallo”.
“Son muchos supuestos y muchos escenarios. Yo creo que el castillo de naipes, que construyó primero la UDEF y posteriormente el Ministerio Fiscal para sostener esta tesis acusatoria respecto de mi defendido, se basa en cuatro naipes que yo creo que, con el desarrollo del plenario, se han venido abajo”, ha reseñado.
EL ‘CORREO HUMANO’
Tras esto, y sobre la llegada en 2017 al despacho de Boye de Manuel González Rubio, uno de los supuestos ‘correos humanos’ de Barajas, para tratar de recuperar o justificar el dinero aprehendido, ha explicado que éste ya era cliente del despacho desde hacía siete años y que la abogada que le habría llevado –Isabel Prado, hija de Sito Miñanco– era letrada en ejercicio y ya colaboraba con antelación con el despacho de Boye.
Además, ha sostenido que González Rubio no era “un señor insolvente” como sostuvo la Policía en sus informes porque manejaba “negocios jurídicos por importes muy importantes”. Al hilo, ha defendido que los indicios permiten afirmar que los contratos en Colombia de González Rubio propiciaron que tratara de mover dinero en efectivo.
También ha dedicado parte de su informe a atacar lo declarado por Manuel Puentes Saavedra –otro de los encausados– que cambió su declaración inicial para apuntar en el plenario que el dinero requisado en Barajas pertenecía en realidad a Sito Miñanco y que Boye operó para tratar de justificar la procedencia de ese dinero.
Para la defensa de Boye, su testimonio no puede ser tenido en cuenta ni darle “el más mínimo valor” porque, ha recordado, cambió su declaración porque estaba “desesperado” y buscaba salir de prisión. “Le hicieron visitas –la Policía–, le prometieron cosas, el fiscal apoyó la libertad y 48 horas después estaba en libertad”, ha recordado.
En este sentido, ha apuntado que lo que sostuvo Puentes Saavedra sobre las diferentes reuniones que se habrían celebrado para justificar ese dinero aprehendido no se sostiene. “Era evidente que Puente Saavedra mentía. Mintió entonces y mintió aquí. Aquí -en el juicio– intentó que su mentira se ajustara a la prueba practicada”, ha añadido.
LAS ENTRADAS Y REGISTROS
Por otro lado, ha solicitado la nulidad de las entradas y registros en el domicilio y despacho del abogado dado que la magistrada María Tardón no tuvo en cuenta las “particularidades” del caso, y es que Boye es letrado en ejercicio dedicado al derecho penal, y que llevaba a ocho o nueve de los encausados de esta causa cuando se produjo la intromisión. “Esto fue omitido” en las resoluciones que daban luz verde a las entradas y registros, a las que afea además falta de motivación.
“Cuando uno entra en un despacho de abogados, en este caso en el despacho de Gonzalo Boye, encuentra o no aquello que está buscando, pero cuando en aquel registro diez policías se sentaron enfrente de los diez ordenadores que hay en el despacho, además de encontrar lo que fuera que estaban buscando, obviamente accedieron a una información, llamémosla especialmente sensible, y protegida por el secreto profesional”, ha apostillado.
Así, ha considerado que no sólo fueron nulos los autos, sino también los registros, las actas de diligencia y entrada, “y todo aquello que se incautó en esos registros, todo lo que se sacó de allí, y todos los informes” que luego, con posterioridad, se realizaron “analizando la información y los datos que se habían obtenido en esos registros”.
Además, ha señalado que la entrada se solicitó basándose “única y exclusivamente en la declaración de otro investigado, Puentes Saavedra”, quien cambió su declaración inicial.
Al hilo, el abogado ha señalado que el policía que fue preguntado por las razones que fundamentaron ese registro “faltó a la verdad bajo juramento” porque mintió al señalar que ese cambio de posición de Puentes Saavedra no fue determinante.
EL DOCUMENTO CON LA ESTRATEGIA DE DEFENSA
Sobre lo que se llevaron en ese registro en el despacho y domicilio de Boye, ha enfatizado que los investigadores se llevaron un documento, a doble columna, analizando lo declarado por Puentes Saavedra y conversaciones de Whatsapp de Boye con abogados relativos a su estrategia de defensa.
Así entiende que se ha dado indefensión en la causa porque el Ministerio Fiscal “jugó con las cartas marcadas” ya que “contó con la estrategia de defensa desde el minuto uno del procedimiento”. “La ventaja con la que contó el fiscal es insoportable y la nulidad es de todo el procedimiento”, ha apuntado.
También ha cargado contra la instructora a la que ha acusado de haberse quedado con toda la documentación requisada a Boye para realizar el expurgo y que todo lo que no tenía que ver con la causa quedó en una caja fuerte del juzgado, algo que “comprometió su imparcialidad”.
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