LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 (EUROPA PRESS)
El Ejecutivo canario ha acordado este jueves, en Consejo de Gobierno, el decreto por el que se delega en la consejera regional de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, la competencia para autorizar la concesión de las subvenciones directas, por valor superior a 150.000 euros, a los municipios canarios con cargo al Programa de Empleo Social (PES) para el periodo 2022-2023 hasta un importe máximo de 30 millones de euros.
El objetivo es “simplificar” la gestión de los fondos, motivo por el que el Gobierno regional, tras la propuesta de la Consejería de Economía, ha aprobado la delegación de competencias tras el acuerdo marco de colaboración suscrito a mediados de julio entre el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Economía, Elena Máñez como presidenta del Servicio Canario de Empleo (SCE); y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Concepción Brito.
Este acuerdo de colaboración fue suscrito en el marco del desarrollo de tareas de utilidad pública y de reinserción social mediante la contratación de más de 3.700 personas paradas de larga duración y con riesgo o en exclusión social, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa.
Así las próximas ayudas, financiadas con fondos procedentes del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y de la Conferencia Sectorial del Ministerio de Trabajo y Economía Social, “agilizan su actual tramitación” para aprobar e iniciar los numerosos proyectos de forma urgente para cumplir su propósito “fundamental” de permitir la atención a las personas desempleadas que no perciben ninguna prestación económica, así como de familias en las que todos sus miembros estén sin ocupación o sin ingresos de ningún tipo.
Los contratos subvencionados, con una duración máxima de un año, están destinados a la realización de obras o servicios de interés general o utilidad social de competencia local como por ejemplo la limpieza de barrancos y márgenes de carreteras o tareas de ajardinamiento y embellecimiento en los 88 municipios canarios.
Las contrataciones con cargo a este programa se dirigirán preferentemente a personas con familias que no superen el 80 por ciento del Indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem) por persona, paradas de larga duración o consideradas en riesgo de exclusión social por los servicios sociales de cada municipio.
También se priorizará la contratación de personas con discapacidad, así como “siempre que sea posible” que más del 50 por ciento de las personas contratadas sean mujeres ante la “persistencia del desequilibrio existente” en el mercado laboral.
Las personas interesadas en participar en el programa deben cumplir una serie de requisitos para garantizar que las contrataciones cumplen con su finalidad principal, que es la de promover la integración social como tener 18 años cumplidos y menos de 65, estar inscritas como personas demandantes de empleo en el SCE, figurar empadronadas en el municipio que realice el proyecto con una antigüedad superior a seis meses, con la excepción de cuando queden puestos por cubrir o en los casos de personas víctimas de violencia de género.
En el objetivo de que los empleos subvencionados consigan el impacto más transversal posible en la sociedad también se aplicará el criterio de rotación y no repetición, es decir, no haber participado en los últimos 12 meses en ninguna política activa de empleo ni planes de empleo social del SCE en que haya sido subvencionada la contratación de la persona desempleada, salvo que fuera por un periodo inferior a seis meses.
Tampoco podrá participar en el programa más de una persona por núcleo familiar, a no ser que una vez satisfechas todas las solicitudes queden plazas por cubrir en los proyectos subvencionables.
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