MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, ha confirmado en una reunión con sus pares de los BRICS la invitación a los cinco jefes de Estado para asistir a la cumbre del grupo regional en agosto, incluido el presidente ruso, Vladimir Putin, a pesar de la orden de arresto internacional en su contra.
La cumbre de este año –del 22 al 24 de agosto en Johannesburgo– está marcada por la guerra de Ucrania y sus consecuencias más inmediatas, como la orden de arresto contra Putin emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI), que ha puesto en un brete a las autoridades sudafricanas, quienes apuran medidas legales que les amparen legalmente para sortear el mandato internacional de la corte.
En dicha reunión, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha destacado a los BRICS como “organización basada en los principios de igualdad, respeto mutuo, consenso, no intervención y apego estricto a la Carta de la ONU”.
En vísperas de esta reunión, las principales carreteras del país han amanecido decoradas con vallas publicitarias financiadas por Avaaz –una organización civil con sede en Estados Unidos– en las que se insta al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, a detener a su homólogo ruso, según ha informado la cadena News24.
Desde el inicio de la invasión, Sudáfrica ha defendido siempre su imparcialidad, absteniéndose en varias ocasiones de votar las resoluciones Naciones Unidas que condenan las acciones de Rusia, una postura similar a la de Brasil. Ambos forman parte del grupo regional de los BRICS, en el que también está India y Rusia.
El Gobierno de Sudáfrica tiene previsto presentar este mes ante el Parlamento una propuesta legislativa con la que poder sortear el compromiso de cumplir con las órdenes de arresto internacional emitidas por el Tribunal Penal Internacional (TPI), en medio de las especulaciones sobre la posibilidad de que Putin fuera o no arrestado si decide acudir a la próxima cita en agosto en el país africano.
No es la primera vez que Sudáfrica dejaría de cumplir con sus obligaciones con el TPI, después de que en 2015 fuera blanco de críticas internacional al negarse a detener al entonces presidente sudanés, Omar Hasán al Bashir, a quien también reclamaba la corte por crímenes de guerra.
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