El hombre fue sentenciado por su papel en la ejecución masiva de opositores en 1988 en una cárcel cerca de Teherán
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Irán ha tildado de “inaceptable” la confirmación de la condena a cadena perpetua contra un exfuncionario iraní por su papel en la tortura y ejecución masiva de opositores en 1988 en una cárcel de la ciudad de Karaj, situada en los alrededores de la capital, Teherán.
Nuri, detenido en 2019 por las autoridades suecas, fue sentenciado en verano de 2022 –pena confirmada el martes por un segundo tribunal– por su responsabilidad en delitos relacionados con las ejecuciones de presos políticos iraníes en 1988, que se llevaron a cabo durante varios meses y dejaron miles de muertos, en medio de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988).
En respuesta, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kanani, ha indicado que la sentencia es “fundamentalmente inaceptable” y, por lo tanto, ha destacado que Teherán “la condena con firmeza”, según un comunicado publicado a través de la cartera a través de su página web.
“Es lamentable que el tribunal sueco, sin tener en cuenta los estándares de un juicio justo, haya decidido dictar un fallo tan destructivo”, ha manifestado, antes de argumentar que el sistema judicial sueco “se posiciona del lado de grupos terroristas implicados durante décadas en actos atroces contra el pueblo de Irán, Irak e incluso Europa”.
Así, ha recalcado que el fallo judicial “pone en peligro los intereses de ambas naciones y sus históricas relaciones”, al tiempo que ha abundado en que Teherán “ha usado todas sus capacidades legales y recursos para liberar al ciudadano en cuestión de esta injusticia y persistirá en sus esfuerzos hasta que se materialicen completamente los derechos de sus ciudadanos”.
Por ello, Kanani ha señalado que las autoridades iraníes “se reservan el derecho a adoptar las medidas apropiadas”, sin más detalles. El nombre de Nuri ha salido a la luz en varios contactos entre los dos gobiernos, especialmente después de que en septiembre de este año saliese a la luz la detención de un diplomático sueco en primavera de 2022.
La Justicia iraní ha iniciado ya el proceso contra este sueco, identificado como Johan Floderus y acusado de conspirar con Israel y de “corrupción en la tierra”, un cargo por el que podría ser castigado con la pena de muerte. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha solicitado su liberación alegando que se trata de una detención “arbitraria”.
Floderus, de 33 años, viajó a Irán como turista en primavera de 2022 para visitar a un amigo en la Embajada sueca y fue retenido al intentar salir del país. Posteriormente, el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, confirmó que el detenido “trabaja para la Unión Europea” y prometió implicarse personalmente para lograr su liberación.
Las ejecuciones de 1988 fueron llevadas a cabo en decenas de prisiones del país tras una orden del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Ruholá Jomeini. La mayoría de las víctimas eran miembros o seguidores de la Organización de los Muyahidín del Pueblo de Irán (PMOI), si bien también fueron ajusticiados miembros de partidos izquierdistas como Tudeh.
El PMOI, que participó activamente en la revolución que derrocó al sah Reza Pahlevi con un discurso islamista mezclado con una adaptación de la ideología marxista, combatió del lado del régimen de Sadam Hussein en la guerra con Irán entre 1980 y 1988 tras denunciar las acciones de la cúpula religiosa instaurada por los ayatolás.
El grupo fue perseguido por las autoridades religiosas instauradas en Irán, lo que llevó al entonces líder del grupo, Masud Rajavi, a alcanzar en 1986 un pacto con Hussein en plena guerra entre ambos, uno de los desencadenantes de la orden de Jomeini para ajusticiar a miles de sus supuestos seguidores o miembros, en juicios denunciados por su falta de transparencia.
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