MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha creado una comisión de arbitraje para estudiar las denuncias presentadas en las oficinas de protección de menores que por diversos motivos no pueden tener recorrido en el ámbito judicial civil, canónico o penal.
Así lo indicó el secretario general y portavoz de la CEE, César García Magán, en la rueda de prensa convocada con motivo de la Comisión Permanente en la que una treintena de prelados han preparado el orden del día de la próxima Asamblea Plenaria de principios de marzo.
Con esa próxima cita “se cierra un cuatrienio” capitaneado por el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, y en la que se renovarán “todos los cargos de la CEE elegibles, salvo el secretario general, que tiene un mandato por cinco años”.
El plan de reparación en el que trabajan desde hace tiempo los obispos busca “evitar que los abusos no vuelvan a repetirse y ofrecer a las víctimas, mirando al pasado y presente una reparación integral y adecuada, y buscando dar respuesta a lo que cada víctima requiera y presente”, y en ese plan se incluye la citada commisión.
“La comisión, de ámbito nacional, estudiará las denuncias de las oficinas que no pueden tener un recorrido judicial, porque ha fallecido el agresor o haya una prescripción civil”, matizó el portavoz de la CEE, que añadió que en el resto de casos los prelados están “a lo que digan las diferentes sentencias”.
AUDITORÍA NO BARATA
García Magán también reconoció que la auditoría que la CEE encargó a Cremades & Calvo Sotelo “no ha sido barata” y ha conllevado unos “gastos adicionales” de 1.225.000 euros, coste que habría sido superior si la auditoría no se hubiese planteado “pro bono”. Sin embargo, subrayó, que “para ayudar a buscar la verdad y clarificar” las víctimas “se merecen todo eso”.
El secretario general, también obispo auxiliar de Toledo, indicó que los miembros de la comisión de arbitraje responderán a un perfil de expertos “reconocidos” y de “pluralidad de procedencias” (ámbito jurídico, civil y canónico, médicos, expertos con “dimensión espiritual” y que están trabajando en las oficinas diocesanas y de la vida consagrada”. “La Asamblea Plenaria diseñará las competencias concretas”, zanjó.
Además, se creará otra comisión que haga “una baremación” para considerar hipotéticas indemnizaciones de casos que así lo requieran de los que hayan quedado sin ese recorrido judicial. No obstante, García Magán sentenció que se estudiará “caso por caso” por espeto al dolor de las víctimas y que “reducirlo a lo económico” le parece “una mercantilización de las víctimas”.
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