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La Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana solicita apoyo fiscal para los propietarios de pequeñas propiedades

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MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

La Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas aseguró este lunes que los pequeños propietarios se han visto perjudicados por fenómenos como la okupación o la regulación de precios impuesta en territorios como Cataluña y solicitó medidas para incentivar el mercado del alquiler como la reducción del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para aquellos que arrienden su vivienda.

En una nota de prensa, la Confederación indicó que los pequeños propietarios continúan liderando el mercado de compraventa de vivienda y recordó que las personas físicas representaron más del 80% de las transacciones en 2024, mientras que las personas jurídicas alcanzaron solo un 12%.

“Los datos evidencian un mercado en recuperación y se reafirma que España sigue siendo un país de pequeños propietarios que apuestan por la adquisición de vivienda, incluso frente al aumento de los problemas. La persistente cultura de inversión en vivienda refleja la confianza en el mercado y el papel crucial de los pequeños propietarios en la estructura inmobiliaria de nuestro país”, afirmó.

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Asimismo, se mostró especialmente crítica con la regulación de precios impuesta en Cataluña, sobre la que alertó que muchos propietarios han optado por vender o destinar sus viviendas a otros usos, desincentivados por la menor rentabilidad.

Además, destacó que en ciudades como Barcelona coexisten zonas con precios regulados y libres, lo que “distorsiona la oferta y limita la movilidad laboral”.

Entre las medidas sugeridas por la Confederación, además de las exenciones fiscales, se encuentra el establecimiento de garantías de pago de renta por del Estado en situaciones situaciones de vulnerabilidad, evitando que los propietarios enfrenten procesos judiciales costosos.

Además, pide reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar mayor seguridad jurídica y rapidez en la resolución de conflictos y establecer alternativas a la propiedad tradicional, como el usufructo temporal y la propiedad compartida.

También sugiere medidas para fomentar la compraventa, como la reducción de los impuestos de transmisiones para dinamizar el mercado y aliviar la presión sobre el alquiler, y pide a la administración que incorpore 1,5 millones de viviendas al parque de alquiler social y asequible en los próximos 10 años, con un compromiso real de las administraciones públicas.

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También pide aprovechar la creación del comisariado europeo de Energía y Vivienda para fomentar proyectos de vivienda pública y sin ánimo de lucro con apoyo del Banco Europeo de Inversiones. “Destacamos la importancia de abordar la crisis de vivienda desde una perspectiva internacional. La reciente designación de un comisariado europeo específico para Energía y Vivienda supone un avance clave para coordinar políticas efectivas y sostenibles que enfrenten este desafío común en grandes ciudades europeas”, indicó.


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