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La comunidad educativa espera que la ley del menor en Internet involucre a fabricantes y cuente con recursos y formación

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MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales, una norma que ha recibido una buena acogida por parte de la comunidad educativa que, no obstante, reclama que debe contar con recursos y formación para el profesorado y los alumnos e implicar a las empresas fabricantes de dispositivos digitales.

El anteproyecto de ley incluye órdenes de alejamiento virtual, test pediátricos para detectar usos inadecuados, penas por la difusión y creación con Inteligencia Artificial de contenido sexual o vejatorio, así como la imposición obligatoria y gratuita de controles parentales en todos los dispositivos digitales y etiquetado informativo, o un plan de alfabetización digital con mecanismos que den a los menores herramientas y autonomía con los dispositivos tecnológicos para combatir bulos.

La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) ha valorado positivamente esta norma, principalmente por su objetivo de garantizar la seguridad de los menores en el ámbito digital. “Todo lo que sea ampliar y garantizar derechos es bien recibido por la sociedad”, ha asegurado a Europa Press el presidente de CANAE, Antonio Amante.

El presidente de la organización estudiantil considera que hay que poner el foco en el plan de alfabetización digital que recoge la ley. “La protección por parte del Estado es necesaria pero aún es más necesario que los adolescentes y los jóvenes sepamos cómo autoprotegernos, tengamos herramientas y conocimientos suficientes para no caer en tantos escondites que conlleva la navegación por Internet”, ha señalado.

Para acabar “de verdad” con toda la “basura” que circula por Internet, Amante cree que es necesario que se materialice “ese equilibro entre la protección estatal y saber autoprotegerse”. “Pero para eso hace falta ser ambiciosos, llevar a término todas las medidas de esta ley y asegurar que se cumplen al 100%. Veremos cómo avanza esto, pero de entrada es un paso acertado”, puntualiza.

La Confederación de Padres y Madres de Alumnos (COFAPA) también considera que, en principio, se trata de “una buena medida” y destaca la importancia de ir “todos unidos” en el tema de la educación digital. “Valoramos positivamente que se ponga el énfasis en la formación digital, tanto de docentes como del alumnado”, ha subrayado la presidenta de COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara.

Las familias, añade Ladrón de Guevara, tienen que tomar el “papel protagonista” en la educación y en la formación digital de sus hijos y ser muy conscientes de que, al entregarles un dispositivo móvil, les están dando un dispositivo “tan abierto que no son capaces de gestionarlo”. Por lo tanto, avisa de que las familias tienen “la obligación y la responsabilidad” de acompañar a los menores en el uso de la tecnología.

LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS DEBEN CONFIGURAR LOS DISPOSITIVOS

En este punto, la presidenta de COFAPA reclama la implicación de las empresas tecnológicas porque son las encargadas de fabricar los dispositivos y deben “configurarlos” para limitar el acceso de los menores. “Las familias pedimos que sea lo más fácil posible porque no todas las familias tienen las competencias digitales necesarias para poner en práctica estas medidas”, ha advertido.

Sobre aumentar la edad para acceder a las redes sociales de 14 a 16 años, Ladrón de Guevara cree que es una medida positiva y reclama educar a los hijos y alumnos “en herramientas de socialización y de cómo tratar a los demás”.

“Ahora las redes sociales no pueden ser para menores de 14 años y todos sabemos que desgraciadamente las tienen, entonces aquí influye la responsabilidad de las familias, hay que repensar las normas o hay que implantar normas que a lo mejor no se han implantado hasta ahora y hay que hacerlo en las familias”, ha defendido la presidenta de COFAPA.

En la misma línea, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Pedro Caballero, ha calificado la nueva ley de “positiva” porque recoge “medidas adecuadas siempre que haya un seguimiento de ellas y que vayan acompañadas con una dotación presupuestaria para poder llevar a cabo la formación que hay que hacer tanto de las familias, como del alumnado y del profesorado”.

Así, ha advertido de que aunque estas medidas “están muy bien” si después no hay continuación “todo queda plasmado en una ley pero no se puede llevar a la práctica ni ponerlas en funcionamiento”. “Si no hay dotación presupuestaria y si no se informa a la comunidad educativa de la implantación de estas medidas es como si no hiciéramos nada”, ha dicho.

Por su parte, fuentes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explican a Europa Press que para que este plan funcione se debe contar con el profesorado e implementarlo en los colegios con personal formado y retribuido.

REFORZAR AUTORIDAD DOCENTE PARA GARANTIZAR LOS LÍMITES ESTABLECIDOS

El sindicato apuesta por implantar enfermería escolar en todos los centros, reducir las ratios de alumnos, dotar a las aulas de profesores de apoyo y reforzar la autoridad del docente, aprobando el Estatuto Docente, para garantizar los límites establecidos al uso del móvil en los centros y prevenir situaciones de conflicto con las familias. “Los profesionales docentes deben de estar respaldados y contar con la debida autoridad”, apuntan desde CSIF.

Desde Comisiones Obreras han valorado “muy positivamente” el anteproyecto de ley de protección del menor en los entornos digitales para salvaguardar la salud, el bienestar y la seguridad de los niños.

El sindicato comparte la necesidad de crear un marco legal que garantice los derechos de los menores en el ámbito digital y destaca que las medidas que se proponen en la norma son “muy adecuadas”.

A su vez, considera “un verdadero acierto” plantear la alfabetización digital como un eje prioritario porque, en su opinión, “es clave” en la creación de entornos digitales seguros y saludables y porque, además, “es la manera de afianzar las bases de una sociedad más democrática”.

Para que la futura ley se desarrolle plenamente, CCOO avisa de que es fundamental que se destinen los recursos humanos y materiales suficientes que permitan poner en práctica todos los planes y medidas que recoge el texto.


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