MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid anunció este viernes que ha iniciado la tramitación para aprobar la deflactación del tramo autonómico del IRPF que, según sus cálculos, “ahorrará” casi 200 millones en impuestos, tras elevar a audiencia e información pública su anteproyecto de ley.
A continuación, y una vez recabados distintos informes, el texto será aprobado por el Consejo de Gobierno en las próximas semanas para su remisión a la Asamblea de Madrid. El Ejecutivo regional estima que la medida genere un “ahorro” de 198,9 millones de euros a los contribuyentes.
El Gobierno autonómico busca con esta medida, adelantar a este año su entrada en vigor y ayudar así a los madrileños afectados en su economía doméstica por el alza de precios y la alta inflación en la próxima campaña de la declaración de la Renta.
En este sentido, la consejería indica que otro de los objetivos es que los ciudadanos “no se vean perjudicados por las próximas subidas salariales”, ya que en caso contrario se “va a ocasionar que los madrileños paguen más en el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, lo que de facto se traduce en una subida de impuestos”, como recoge la futura norma autonómica.
Para ello, se llevará a cabo en todos los tramos de la escala autonómica del impuesto, así como en el mínimo personal y familiar, para llegar a todos los contribuyentes madrileños y que éstos no vean “mermado su poder adquisitivo y poder soportar la escalada de precios”.
Para establecer el porcentaje sobre el que se realizará la deflactación, se tomará como referencia el incremento del coste salarial ordinario nacional del segundo trimestre de 2022, establecido en el 4.1% según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).
FISCALIDAD
Una vez que aprobada esta deflactación del IRPF, esta se sumará a la rebaja de medio punto del tipo aplicable en todos los tramos de la escala autonómica del impuesto validado por la Comunidad de Madrid, que entró en vigor el pasado 1 de enero, y que el Gobierno regional insiste en que supondrá “un ahorro estimado de más de 330 millones de euros”.
“De esta manera, el impacto para las familias de las medidas adoptadas sobre el IRPF autonómico superará en 2023 los 500 millones de euros”, indica.
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