MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
La Comunidad de Madrid comienza este mes a instalar los 400.000 equipos de teleasistencia avanzada para personas dependientes, tras una inversión de 82,4 millones de euros.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, explicó que en 15 días se iniciará la entrega de los nuevos terminales a las empresas adjudicatarias que prestarán este servicio, organizado en cuatro áreas geográficas -norte, sur, este y oeste- de la región.
Este recurso beneficia a personas mayores o con discapacidad en situación de dependencia que viven en su domicilio pero que requieren de una supervisión en remoto permanente para prevenir incidentes domésticos, además de actuaciones profesionales en cuestiones sanitarias, sociales y otras actividades cotidianas.
La Comunidad de Madrid invierte 33,6 millones en la prestación de la teleasistencia avanzada, que estará controlada por 450 profesionales y unidades móviles que se desplazarán a los domicilios ante cualquier incidencia, en coordinación con otros recursos públicos, privados o familiares.
Los equipos contarán con nuevos perfiles profesionales como psicólogos, personal de enfermería, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas, que realizarán valoraciones individualizadas de cada persona dependiente, así como la intervención y el seguimiento en aspectos físicos, psicológicos y sociales.
El Gobierno autonómico dedicó 39,3 millones de euros de fondos europeos en la compra de 320.000 nuevos dispositivos, entre terminales fijos y móviles que permiten la geolocalización y la comunicación desde cualquier lugar, y toda la gama de periféricos funcionales, como detectores de movimiento, actividad, caídas, sensores magnéticos de puertas (de domicilio, microondas, frigorífico), y los periféricos de seguridad, como detectores de fuego, humo o gas.
DISPENSADORES DE MEDICACIÓN
Dentro de los nuevos equipos también se encuentran dispensadores de medicación, así como ‘tablets’, adaptadores auditivos y visuales para personas con alguna discapacidad sensorial. Ahora se va ampliar esa dotación con la compra de otros 87.900 por valor de 7,5 millones de fondos europeos, superando así los 400.000.
En agosto comenzarán, además, las primeras pruebas con 250 personas dependientes de dos de las nuevas funcionalidades, la dispensación automática de medicación y el control de actividad en la vivienda.
La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ya trabaja junto con la Consejería de Digitalización en el desarrollo de una plataforma, en la que se invertirán otros dos millones de euros provenientes de fondos europeos, que explotará todas las opciones que ofrecen los nuevos dispositivos.
Estas dos consejerías también trabajan de manera conjunta para la creación de un centro virtual que permitirá la formación de los cuidadores y de las personas en situación de dependencia, así como de una comunidad virtual. Este sistema se integrará a su vez en la Historia Social Única para mejorar la coordinación con los servicios sanitarios.
PRIMERA AUTONOMÍA EN REGULAR EL ASISTENTE PERSONAL
La consejera Dávila avanzó también que próximamente se aprobará una resolución que fijará los criterios de experiencia y formación que deben tener los asistentes personales para la ayuda y acompañamiento de personas con discapacidad y mayores en situación de dependencia, con el objetivo de que tengan una vida “lo más autónoma posible”.
Con ello, la Comunidad de Madrid se convierte en la primera autonomía en regular esta figura, con unos requisitos que se han consensuado en una mesa técnica con el sector, con la participación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
Esta resolución contempla que el asistente personal tendrá que acreditar un mínimo de 150 horas de experiencia profesional, o de 50 horas de formación especializada, hasta que el Gobierno de España desarrolle el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del pasado 12 de abril de 2023, mediante un certificado de profesionalidad específico previsto en el mencionado acuerdo que tiene que emitir el Instituto Nacional de la Cualificaciones.
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