MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
La Comunidad de Madrid dará prioridad a través del Programa de Inversión Regional (PIR) a la ejecución en los municipios de la región de proyectos centrados en la eficiencia energética y en la mejora de la accesibilidad, según anunció este miércoles su portavoz, Enrique Ossorio.
Así lo recoge el texto modificado del decreto del PIR 2022/2026, aprobado hoy por el Consejo de Gobierno y que ahora será enviado a la Asamblea de Madrid para su tramitación legislativa.
Se trata de una iniciativa compuesta por 24 medidas que la Consejería de Administración Local y Digitalización considera imprescindibles para dar un impulso definitivo a aquellas propuestas que presenten los consistorios para mejorar las prestaciones, servicios e infraestructuras en sus poblaciones. Esta modificación cuenta, igualmente, con el respaldo de la Federación de Municipios de Madrid, que no ha presentado alegaciones al documento.
Además, ahora se pondrá más el foco, sobre todo, en las pequeñas y medianas poblaciones, a las que la Comunidad de Madrid adelantará el 100% de la financiación de las inversiones incluidas en el PIR. Asimismo, se da libertad a los ayuntamientos para cambiar el modo de gestión de las inversiones pendientes de programas anteriores, si así lo solicitaron en el actual.
Ossorio indicó que el nuevo decreto “no es ajeno a la grave situación provocada por la alta inflación y la crisis energética” y “plantea soluciones para las inversiones con proyectos anteriores al alza de precios y presupuestará las nuevas inversiones teniendo en cuenta su antigüedad y el índice de costes del sector de la construcción”.
Otra de las modificaciones introducidas afecta a la empresa pública Obras de Madrid, que pasa a ser el centro gestor competente para la redacción y ejecución de las iniciativas de carácter supramunicipal. Igualmente, se favorecen las grandes inversiones en los municipios y aquellas que supongan más del 40% de la financiación total de la Comunidad de Madrid en la localidad serán dadas de alta en un plazo máximo de cuatro meses.
También se reducen los plazos de supervisión de las obras que, a partir de ahora, deberán realizar los ayuntamientos que hayan contratado su redacción, como establece la Ley de Contratos del Sector Público.
A su juicio, esta medida “evitará las numerosas subsanaciones actuales y reducirá los plazos de aprobación de proyectos en un 80%”. Además, añadió, se refuerzan las tareas de seguimiento y control para la identificación temprana de posibles problemas técnicos y minimizar los retrasos en su ejecución.
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