MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
La Junta General de accionistas de Ferrovial aprobó este jueves la operación de fusión inversa con la filial internacional y el traslado de su sede a los Países Bajos.
Así se comunicó al término de la Junta General de accionistas, en la que estuvieron presentes y representados un 77,69% del capital suscrito de la compañía.
La votación de la fusión era el décimo punto que se contempla en el orden del día de la Junta remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, se aprobó, en primer término, la aprobación de la fusión, y, en segundo lugar, la toma de razón y aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros de la nueva sociedad que se aplicará a partir del momento en que la fusión transfronteriza sea “efectiva”.
Los accionistas también aprobaron los resultados anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2022, en el que Ferrovial redujo su beneficio neto atribuible un 86%, hasta los 186 millones de euros; así como la reelección de varios consejeros, entre los que encuentra el consejero ejecutivo, Ignacio Madridejos. También se aprobó el Informe de Estrategia Climática de la entidad.
FUSIÓN
La compañía mencionó entre las razones que explicaban su traslado a los Países Bajos que este país contaba con un marco jurídico “estable”, con una calificación de la deuda positiva y que cotizar en la bolsa neerlandesa facilitaría una posterior cotización en Estados Unidos con el objetivo final de “potenciar la internacionalización” de la compañía.
Los accionistas de Ferrovial que hayan votado en contra del acuerdo de fusión podrán ejercitar el derecho de separación dentro del plazo de un mes a contar desde la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del anuncio, previsto para este mismo día de la junta. De tal manera, el éxito de la operación no se conocerá antes del 13 de mayo.
La compañía llevará adelante la fusión siempre que la cantidad que Ferrovial tenga que pagar a los accionistas que ejerzan el derecho de separación por mostrarse en contra de la operación no exceda los 500 millones de euros, lo que supone que menos de un 2,64% del capital social debe ejercer este derecho para culminar la fusión.
Además, el Consejo de Administración deberá tener la “certeza razonable” de que las acciones de la nueva matriz de la compañía “serán admitidas a cotización y negociación en la Bolsa de Ámsterdam”, algo que la compañía contempla para el segundo semestre.
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