MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado este miércoles al Estado de Guatemala a respetar el resultado de las elecciones presidenciales, que dieron como ganador al candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, y ha criticado las acciones de la Fiscalía “que ponen en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos”.
Este órgano, que ha remarcado que los comicios fueron “libres y justos”, ha considerado que las autoridades guatemaltecas están incumpliendo las obligaciones internacionales que emanan de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.
La mencionada carta “reconoce que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los DDHH y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y la separación e independencia de los poderes públicos”.
En este sentido, ha subrayado que “la democracia y el Estado de derecho son condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto a los Derechos Humanos”.
La CIDH ha denunciado que las medidas de la Ministerio Público guatemalteco “ejemplifican el deterioro progresivo de la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la situación de los Derechos Humanos” en el país centroamericano.
El organismo ha rechazado “las continuas injerencias en el proceso electoral”, prácticas que “impidieron la participación efectiva de personas y partidos políticos”, la suspensión del anuncio de los resultados de la primera vuelta durante más de dos semanas, el intento de suspender la inscripción como personas jurídica del Movimiento Semilla para impedir a sus integrantes la adjudicación de cargos, y las amenazas contra la vida de Arévalo y su ‘número dos’, Karin Herrera.
También ha denunciado, según reza un comunicado, la orden de detención contra una funcionaria del Registro de Ciudadanos, los registros de la sede del TSE y las amenazas a magistrados de dicha institución.
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