El PP reprocha al PSOE que tramite una ley para proteger al denunciante tras haber “descafeinado” la malversación
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este jueves –con el voto en contra del PP y de Vox– el borrador del proyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción y que exige a los partidos tener un canal interno de denuncias.
El debate ha tenido lugar esta tarde después de que el pasado septiembre el Ejecutivo aprobara en segunda vuelta el proyecto de ley para trasponer la Directiva europea conocida como ‘whistleblower’.
El texto establece la obligación de disponer de canales internos de información tanto para empresas, con más de 50 trabajadores, como para las personas jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores y que así lo decidan. De igual forma, obliga a contar con un sistema interno de información a todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como las fundaciones que dependan de estos, siempre que gestionen fondos públicos.
La nueva normativa ampara la figura de los informantes contra represalias y por la que las empresas públicas, privadas y los municipios deberán implantar un sistema de información confidencial y seguro. El texto contempla sanciones económicas de hasta un millón de euros en los casos más graves.
La diputada del PSOE Uxía Tizón ha defendido que con el proyecto de ley que ha impulsado su partido se “busca garantizar la transparencia y combatir la corrupción”. “Igual a algunos grupos no les gusta mucho”, ha dicho sin señalar directamente a ninguna formación política.
PP ACUSA AL PSOE DE ‘DESCAFEINAR’ LA MALVERSACIÓN
En su turno de intervención, el portavoz de Justicia del PP, Luis Santamaría, ha reprochado al PSOE que tramite una ley para proteger al denunciante tras haber “descafeinado” el delito de malversación –vía enmienda– en la proposición de ley que firmó con Unidas Podemos para derogar el delito de sedición y que resultó aprobada este jueves en el Pleno del Congreso.
Santamaría ha explicado que vota en contra del proyecto de ley porque, a su juicio, “resulta curioso” que se intente proteger al denunciante, “pero limitándole el ámbito de cuestiones que va a poder denunciar” porque el PSOE y Unidas Podemos “han descafeinado el delito de malversación”, en referencia a la proposición que ha aprobado este mismo jueves el Pleno del Congreso.
El diputado ha incidido en que no puede estar a favor de una norma que “no explica cómo se va a investigar” lo que el informante denuncie. Ha recordado, además, que “la Administración tiene ya sus mecanismos internos”, por lo que esta iniciativa le parece “un depropósito”.
Así, el dirigente ‘popular’ ha asegurado que “no es una buena transposición”. “Persigue proteger al denunciante y terminamos estableciendo la creación de organismos que entran en conflicto con las comunidades autónomas”.
Al margen, el diputado del PP ha reprochado que en el marco de la tramitación parlamentaria se haya tramitado ‘in voce’ una enmienda para “afectar derechos muy importantes como la libertad de prensa”, en referencia a la regulación del secreto profesional de los periodistas. “No nos parece la forma”, ha dicho.
VOX DICE QUE ES UN “DESPROPÓSITO”
Vox también ha mostrado su oposición. El diputado Eduardo Ruiz ha asegurado que este proyecto “no es más que una excusa para ganar a la opinión pública”. “Este proyecto de ley va de todo menos de luchar contra la corrupción”, ha dicho al tiempo que ha señalado que el texto va de “chivatos” que le recuerdan “lo que se vive en Cuba, China o Venezuela”.
El dirigente ha insistido en que su formación considera un “despropósito” que se pretenda mantener informado de una investigación al denunciante anónimo.
Además, Ruiz ha asegurado que le parece “impresentable que se haya colado una enmienda ‘in voce’, afectando el secreto profesional del periodista”.
PODEMOS A FAVOR
Al margen, por Unidas Podemos, el diputado Roberto Uriarte ha incidido en que hace falta un “cambio cultural” para “olvidar el concepto de chivato y tener una idea de ciudadanía responsable y activa”. “Hace falta un cambio legal”, ha señalado en apoyo al texto.
El diputado de Ciudadanos Edmundo Bal, el de Junts Josep Pagès y la de ERC María Carvalho han celebrado el texto parlamentario y las enmiendas de sus respectivos grupos que han resultado aprobadas.
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