El organismo pide a los manifestantes “moderación” y respeto por el Estado de derecho
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR, por sus siglas en inglés) ha cifrado este lunes en 39 los muertos y 361 los heridos por la represión en las protestas ocurridas en los últimos días contra una reforma económica impulsada por el presidente del país, William Ruto, que incluía el aumento de impuestos para bienes básicos, si bien a la luz de los disturbios ha afirmado que no firmará la polémica ley, por lo que será retirada.
Este balance incluye datos acumulados a nivel nacional desde el 18 de junio hasta el 1 de julio, cuando se cumplen “exactamente dos semanas desde que comenzaron las protestas contra el proyecto de ley”. No obstante, varía respecto de las cifras oficiales, puesto que en la víspera el mandatario habló de 19 muertos durante una entrevista en la que aseveró que no tiene sangre en sus manos”.
KNCHR ha señalado que la mayoría de los fallecimientos han tenido lugar en la capital, Nairobi (17), mientras que también se han registrado víctimas mortales en el condado de Uasin Gishu (cuatro muertos), en las localidades de Nakuru y Kajiado, y en la ciudad de Mombasa (tres cada una). En otros ocho municipios se ha registrado al menos una víctima.
A esto se suman 32 casos de desapariciones forzadas o involuntarias y 627 detenidos. “Continuamos condenando en los términos más enérgicos posibles la violencia y la fuerza injustificadas que fueron infligidas a manifestantes, personal médico, abogados, periodistas y espacios seguros como iglesias, centros médicos y ambulancias”, reza un comunicado publicado a través de su perfil en la red social X.
La comisión, que ha subrayado que la fuerza utilizada contra los manifestantes “fue excesiva y desproporcionada”, ha observado “con preocupación” cómo las manifestaciones comenzaron pacíficamente durante el primer día pero “lamentablemente se tornaron caóticas” el 25 de junio y, “posteriormente, resultaron en varias muertes, heridos y daños a la propiedad”.
En este sentido, ha condenado a su vez “los actos violentos e impactantes de anarquía que exhibieron algunos de los manifestantes”. “Registramos destrucción e incendios en infraestructuras gubernamentales críticas, como la Biblioteca Nacional y un tribunal del condenado de Eldoret, las oficinas de los gobernadores de Nairobi y edificios del Parlamento”, ha señalado.
Asimismo, ha afirmado que hay informes sobre “destrucción indiscriminada de propiedades vinculadas a políticos” de varias localidades, así como propiedades privadas, quema de automóviles y allanamientos y saqueos de comercios”. “Documentamos casos de hostilidad abierta, amenazas de violencia y violencia real ejercida contra los políticos por parte del público”, ha agregado.
“Esto es inaceptable, los derechos tienen obligaciones e instamos a la moderación, el respeto del Estado de derecho por parte de todos y la no violación de los derechos de los demás. KNCHR insta a los manifestantes a comportarse dentro de los límites de la ley mientas ejercen su derecho en virtud del artículo 37 de la Constitución”, ha insistido.
Por último, ha recordado que el Gobierno tiene la obligación de brindar seguridad a los manifestantes para garantizar el orden público y que las fuerzas de seguridad deben perseguir el máximo respeto por el Estado de derecho, la democracia, los Derechos Humanos y las libertades fundamentales”. Sobre esto, ha aseverado que “seguirá de cerca el cumplimiento de estas obligaciones constitucionales y estatuarias”.
Estas declaraciones llegan después de que el Tribunal Supremo keniano ratificara la semana pasada la decisión del Gobierno de desplegar al Ejército para reforzar las tareas de la Policía a fin de contener las fuertes protestas. Ese mismo día, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos y abrieron fuego contra los participantes de las protestas.
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