MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto medidas para acabar con el monopolio en la gestión de los residuos de envases en España, entre las que destaca que las empresas que producen bienes envasados –en vidrio, plástico, briks, latas, etc.– financien la recogida y el tratamiento de esos residuos.
El organismo ha analizado la gestión de los residuos de envases destinados al contenedor amarillo y al de vidrio y concluye que en España, el sector históricamente “ha funcionado como un monopolio, a diferencia de otros países europeos, por lo que favorecer la competencia es esencial para mejorar su funcionamiento” y recuerda que la gestión de los residuos “tiene un gran impacto sobre la salud pública, la sostenibilidad medioambiental y la transición ecológica e implica a muchos agentes públicos y privados”.
En este sentido, explica que se inicia en los hogares –un individuo genera de media al año más de 180 kilos de residuos de envases– donde los ciudadanos separan los residuos que depositan en los contenedores (amarillo para el plástico, latas, etc. y verde para el vidrio).
Posteriormente, la recogida, traslado, separación y clasificación los organizan los ayuntamientos y las administraciones públicas encargadas de estos servicios.
En virtud de este principio, la normativa obliga a las empresas que producen los bienes envasados (por ejemplo, cerveza, refrescos, detergentes, agua embotellada, etc.) a hacerse cargo de los costes asociados a la gestión de los residuos de sus envases.
Para canalizar esos pagos hacia los ayuntamientos por la recogida de sus residuos, existen unas organizaciones: los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAPs). En España hasta este año, para los envases domésticos ligeros y papel-cartón, el único SCRAPs activo ha sido Ecoembes, y para los envases de vidrio, Ecovidrio. Recientemente, ha recibido autorización, al menos, un nuevo SCRAP de envases.
Los SCRAPs firman los convenios donde se establecen las cantidades que deben pagar a las administraciones para cubrir el coste de los residuos. A su vez, las empresas que producen bienes envasados sufragan el gasto de los SCRAPs y, de esta manera, cumplen con su obligación legal de “pagar por contaminar”.
La CNMC avisa de que los múltiples actores públicos y privados que intervienen en la gestión, su coordinación y la complejidad del sistema “obstaculiza la entrada de competidores”.
Por ello, defiende que es “crucial” que la regulación y las autoridades promuevan la competencia de forma activa a través de medidas como reducir las barreras de entrada, facilitando la autorización de nuevos SCRAPs, eliminando o flexibilizando el plazo para la firma de convenios y agilizando que las empresas puedan cambiar de SCRAP; o establecer un marco de coordinación entre agentes públicos y privados eficiente y procompetitivo que implica regular en detalle la coexistencia entre SCRAPs competidores, establecer un organismo de coordinación y supervisión, introducir un sistema de convenio único con cada AA.PP., elaborar un convenio tipo, consensuar los requisitos mínimos de calidad y dotar a las AA.PP. de los medios necesarios.
El organismo también insta a fomentar la transparencia, con medidas que mejoren la trazabilidad y la detección del fraude; prevenir y remediar conflictos de interés, en particular respecto a la participación de asociaciones en SCRAPs y, por otro lado, en el caso de que los recicladores se tengan que adherir a SCRAPs; y fomentar la competencia en la adjudicación de residuos de los SCRAPs a los recicladores, desarrollando la regulación en detalle.
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