MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido a México que redoble sus esfuerzos en la investigación sobre el rancho ubicado cerca de la ciudad de Teuchtitlán, en el estado de Jalisco, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación y donde se encontraron fosas clandestinas de jóvenes reclutados por el narco.
“El Estado mexicano debe investigar con debida diligencia estos hechos, sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuada y oportuna reparación”, ha señalado el organismo en un comunicado.
Asimismo, ha resaltado que “es alarmante que lugares de esta naturaleza hayan podido operar por períodos de tiempo prolongados sin intervención de las autoridades”. “Si bien los colectivos de búsqueda ejercen su derecho a buscar a sus familiares, ello no exime al Estado de su deber de investigar y buscar”, ha agregado.
La CIDH también ha tomado nota del anuncio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de impulsar una serie de reformas legislativas para reforzar el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Centro Nacional de Identificación Humana.
De igual manera, ha valorado de forma positiva las recientes órdenes de detención contra dos personas vinculadas al rancho. “Se deben aplicar los tipos penales adecuados e investigar toda posible participación directa o indirecta de agentes estatales, incluyendo posibles omisiones”, ha apuntado.
El cártel reclutaba a jóvenes con falsas ofertas de empleo que divulgaban principalmente en redes sociales. Durante un mes, estos jóvenes permanecían incomunicados mientras recibían formación física y de manejo de armas en el Rancho Izaguirre.
El colectivo Guerreros Buscadores encontró en el lugar lotes de restos óseos fragmentados y con indicios de exposición térmica. El grupo criminal, además de calcinar los restos de sus víctimas, los ocultaba bajo una losa de ladrillo y una capa de tierra.
El caso ha reabierto el debate en México sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran miles de jóvenes y la capacidad de reclutamiento que siguen ostentando los cárteles, así como la poca capacidad de las autoridades para detectar estas prácticas.
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