MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La Presidencia de la Autoridad Palestina ha celebrado este viernes como una “victoria” la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ya que constata que la ocupación israelí de los territorios palestinos es “ilegal” y que Israel que debe poner fin a los asentamientos y a las actividades de los colonos.
La Presidencia ha indicado que la decisión reafirma el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, especialmente después de la reciente resolución aprobada por el Parlamento israelí, que rechaza la creación de un Estado palestino, según ha recogido WAFA.
De la misma forma, ha expresado que esto llega en un momento en el que el pueblo palestino de Gaza y Cisjordania, así como de Jerusalén Este, “está expuesto a una agresión y genocidio generalizados”, por lo que “renueva la esperanza” de un “futuro libre de colonialismo”.
Finalmente, ha reiterado la necesidad de que se ponga fin a la “política de impunidad” que ha permitido a Israel negar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación “durante más de 76 años”, así como “afianzar sus políticas de apartheid y persecución”.
La CIJ ha determinado este viernes que la política de asentamientos de Israel en los territorios palestinos ocupados es contraria a la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzado de personas.
En particular, en lo referente a la explotación de los recursos naturales de estos territorios y la imposición de leyes nacionales israelíes sobre los mismos, la política de Israel es constitutiva de un esfuerzo de anexión y contraria al Derecho Internacional.
El organismo abrió en febrero una serie de vistas en torno a la petición presentada en diciembre de 2022 por la Asamblea General de Naciones Unidas para que comunicara una opinión formal sobre los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada.
Es la segunda vez en la que la CIJ, a petición de la Asamblea General de la ONU, tiene que pronunciarse sobre la situación en los Territorios Palestinos Ocupados. La primera vez tuvo lugar en 2004, cuando falló que el muro de separación construido por Israel en la Cisjordania violaba el Derecho Internacional y pidió su derribo, si bien sigue en pie.
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