El exjuez investigado por injurias y calumnias estaba citado para el martes y los testigos de ‘Lezo’ estaban llamados para el miércoles
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional ha tenido que suspender el interrogatorio al exjuez Fernando Presencia –previsto para mañana martes– y las declaraciones de dos testigos en el ‘caso Lezo’ –fijado para el miércoles– a raíz de la huelga indefinida que comenzaron los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) el pasado 24 de enero.
Desde que empezó el parón en busca de mejoras salariales, la Audiencia Nacional ha tenido que suspender varias declaraciones: unas del denominado ‘caso Acuamed’, que debían haberse celebrado el 6 de febrero; y otras relativas a la pieza de BBVA en el ‘caso Villarejo’, que estaban previstas para el 31 de enero.
Esta vez, se han visto afectadas las diligencias que tenía pendiente practicar el juez de refuerzo del Juzgado Central Número 6, Joaquín Gadea. En concreto, el interrogatorio al exjuez Fernando Presencia, investigado por presuntos delitos de injurias, calumnias y contra las altas instituciones del Estado por las acusaciones lanzadas contra magistrados del Tribunal Supremo (TS), y a Alberto Royuela, también investigado en esta causa.
Asimismo, se han tenido que suspender las declaraciones de dos testigos de la pieza 8 del denominado ‘caso Lezo’, en la que se investigan presuntos delitos de cohecho imputables a diferentes funcionarios y cargos públicos, así como a algunos empleados de OHL por el supuesto pago de comisiones ilegales para la adjudicación de determinadas obras públicas a dicho grupo empresarial en diversos puntos del territorio nacional.
La huelga de los LAJ continúa después de que el pasado viernes terminara sin acuerdo la primera reunión que mantuvieron con el departamento que dirige Pilar Llop. Tras más de 15 horas dentro de la sede del Ministerio, el comité de huelga y Justicia salieron con reproches mutuos por mantener posturas inamovibles.
Según los cálculos de las tres asociaciones convocantes, la huelga ha supuesto la suspensión de 152.000 vistas y el bloqueo de 560 millones de euros. En las más cuatro semanas que lleva el parón, los LAJ han registrado máximos de seguimiento del 85% y mínimos de 73%; por contra, el Ministerio ha notificado entre un 33,92% y un 18,9% de participación.
EL CONFLICTO LABORAL
La huelga indefinida llega a su jornada número 20 a raíz del conflicto que tiene su origen en “la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas”, en especial la de 2015, lo que –denuncian– ha provocado un “insoportable desequilibrio”.
Los convocantes señalan como “detonante” del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales “sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021”.
Tras la reunión del pasado 16 de febrero, el secretario de Estado de Justicia, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, echó en cara a los letrados su posición maximalista y recordó que no son trabajadores “que quieren llegar a fin de mes” sino que son “personas privilegiadas” que cobran entre 40.000 y 60.000 euros.
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