Importaban desde Colombia sustrato de coco impregnado con la sustancia estupefaciente
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a 18 de los 22 acusados de pertenecer a una organización criminal que se dedicaba a fabricar y distribuir cocaína y otras sustancias en Tarragona a penas que van de los 18 a los 3 años de prisión. Además impone multas para los dos jefes del clan que llegan a los 14 millones de euros.
El tribunal ha absuelto, no obstante, a cuatro de los encausados –uno de ellos representado por el despacho Ospina Abogados– al no considerar probado “que conocieran de la existencia de la organización criminal, ni que tuvieran participación alguna en los hechos”.
La sentencia de la Sección Tercera de la AN, a la que ha tenido acceso Europa Press, condena así por delitos contra la salud pública, contrabando de género prohibido a los dos jefes de la organización –Fernando Escobar y José Cirera– y le atribuye al segundo otro delito de blanqueo de capitales.
La resolución, ponencia del magistrado Jesús Eduardo Gutiérrez, recoge en sus hechos probados que los encausados utilizaron en 2020 una masía ubicada en la localidad de Lliça d’Amunt (Tarragona), y que disponía de unos 4.000 metros cuadrados con distintas estancias, para organizar un laboratorio especialmente dispuesto para la extracción de cocaína.
LA CLAVE DE LOS PRECURSORES
La investigación policial arrancó en 2019 después de que los agentes sospecharan de que un grupo de personas se dedicaba al tráfico de sustancias estupefacientes. “Las sospechas se fundaron esencialmente a partir de que tuvieran noticias de que se podía recibir en un tiempo breve una cantidad importante de sustancias químicas, denominadas precursores, que habrían de tener como finalidad la elaboración y fabricación de cocaína”, recuerda la sentencia.
La macrooperación de la UDYCO de la Policía Nacional se desarrolló en diferentes localizaciones de Cataluña y Murcia, y acabó estallando en 2021 cuando se procedió a la entrada y registro en una decena de naves y locales. Según explica la resolución, la organización importaba desde Colombia y vía Rotterdam sacos con sustrato de coco que venía impregnado con la sustancia estupefaciente.
El importe de toda la sustancia estupefaciente intervenida, recoge la sentencia, habría alcanzado en el mercando ilícito la cantidad de 7,4 millones de euros.
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