Insiste en pedir que se declare nula la investigación realizada tras el volcado de sus móviles
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El empresario canario Antonio Navarro Tacoronte, conocido como el ‘mediador’, ha acusado a la Audiencia Provincial de Tenerife de actuar con “palmaria extralimitación” y de vulnerar su derecho a la defensa en el marco de la causa sobre la supuesta trama de cobro de sobornos a cambio de favores políticos que estaría liderada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘Tito Berni’.
Así se ha pronunciado su defensa en un incidente excepcional de nulidad de actuaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha presentado a raíz de la decisión de la Audiencia Provincial de desestimar el recurso en el que pedía que se revocara el consentimiento que había dado a la Policía Judicial para que accediera a sus teléfonos móviles.
Navarro Tacoronte había pedido que le devolvieran los dispositivos electrónicos que había entregado de forma voluntaria para la investigación que, en un principio, versaba sobre una presunta estafa y que luego dio lugar al denominado ‘caso Mediador’.
El empresario solicitaba a su vez esclarecer todos los aspectos relativos a la forma en que se prestó dicho consentimiento e insistió en que aún si hubiese dado su autorización podía revocarlo en cualquier momento y retrotraer la investigación al momento anterior.
La Audiencia Provincial le contestó el pasado 25 de enero que esto no era posible y avaló la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife de denegar su reclamación. En un auto, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, los magistrados defendieron que no se había producido una “vulneración grosera” de derechos fundamentales y que regía el “principio de conservación de actos procesales” cuando “se han producido bajo todas las garantías”.
POSIBLE AMPARO ANTE EL TC
El empresario, disconforme con esta respuesta, ha reclamado que se declare nula dicha resolución y se retrotraigan las actuaciones de investigación al momento previo al que la Policía Judicial accedió a sus dispositivos.
En su escrito, la defensa ha afeado a los magistrados el hecho de que plasme su “convencimiento” acerca de “la legalidad del consentimiento prestado para el volcado de los terminales telefónicos, así como de la cobertura de la asistencia letrada”.
Para el equipo jurídico de Navarro Tacoronte, tal pronunciamiento supone una “infracción del artículo 24 de la Constitución”, que contempla el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. Y, dado que contra dicha resolución no cabe recurso alguno, ha defendido que lo pertinente es plantear el incidente excepcional de nulidad.
En este sentido, ha avisado de que la vulneración perpetrada por la Audiencia Provincial “podría ser invocada en un ulterior recurso de amparo” ante el Tribunal Constitucional, por lo que ha considerado “imperativo” ofrecer a los magistrados “la oportunidad de subsanar defectos de trascendencia constitucional”.
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