MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha aplaudido la creación de un registro de medios y los cambios “en profundidad” previstos en el Plan de Acción por la Democracia, dado a conocer por el Gobierno.
Así lo ha adelantado a Europa Press la asociación, que destaca que “ha apoyado y apoyará siempre las medidas que, respetando la libertad de expresión, supongan una mayor transparencia en el ámbito de la comunicación pública y favorezcan el pluralismo tanto de los medios masivos como de los medios sociales”.
En este sentido, valora positivamente que exista la obligación, por parte de los medios, “de dar cuenta real de su propiedad, de sus ingresos publicitarios y del origen de éstos”.
“La ciudadanía tiene derecho a conocer desde qué posiciones e intereses económicos y político-ideológicos se deciden los criterios informativos y opinativos de dichos medios, para valorar con fundamento la calidad y la imparcialidad de sus mensajes y decidir libremente sobre su seguimiento. No es tanto una cuestión de independencia como de transparencia”, ha defendido.
Del mismo modo, AUC se muestra partidario y valora que exista “trasparencia y objetividad, o al menos, armonización obligada, en los sistemas de medición de audiencias en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, requisito fundamental de cara en este caso al mercado publicitario, pero también al propio conocimiento de los usuarios sobre la repercusión de los contendidos de un determinado soporte”.
También valora que “un órgano no gubernamental como la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) sea el garante de la información aportada por los medios”, aunque considera que “ello requiere de una profundización en la independencia del órgano, en línea con los modelos de autoridad reguladora en el ámbito de la comunicación existentes en nuestro entorno”.
Asimismo, AUC apluade que se modifique “en profundidad” la normativa sobre publicidad institucional y los criterios de asignación de acciones y campañas, “también en favor de una mayor transparencia y equidad en el uso de los recursos públicos por parte de las administraciones, que deberían acreditar que en ningún caso utilizan esos recursos con interés partidista de quien gobierna a nivel local, autonómico o estatal”.
La asociación considera positivo además “que se proteja la labor de los periodistas y su derecho al secreto profesional, a la cláusula de conciencia y a informar con libertad”. “Su independencia ante los poderes políticos y económicos, pero también ante sus propias empresas, depende la garantía del derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información veraz”, ha añadido.
Por otro lado, considera que “debe evitarse cualquier posibilidad de que la normativa que se desarrolle en este ámbito pueda ser utilizada por los gobiernos para menoscabar la libertad de expresión de los medios, que no atañe sólo a la información, sino también a la opinión, especialmente cuando ésta es crítica”.
“La lucha contra la desinformación pasa por medidas como el fomento del pluralismo y de la diligencia profesional, por la corregulación en el ámbito deontológico, por la actuación contra las informaciones engañosas (falsas o no) y por un reforzamiento del derecho de réplica y rectificación, y no tanto por definir, en un momento como el actual y con el actual desarrollo de las comunicaciones electrónicas, qué es o no un medio de comunicación”, ha concluido.
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