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La Atención Primaria y los servicios de Urgencias en toda España comienzan a colapsar debido a la gripe y la covid-19, según CSIF

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MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció este jueves que las consultas de Atención Primaria, los puntos de atención continuada y las Urgencias hospitalarias comienzan a saturarse por la atención que se presta a pacientes con gripe y covid-19, entre otras enfermedades respiratorias.

A ello se añade, según la organización sindical, la “pésima planificación de los permisos y vacaciones” del personal sanitario, el déficit de profesionales. La denuncia se realiza coincidiendo con la reunión que celebra este jueves el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud para pedir a los responsables políticos que se contrate a más personal sanitario y se incremente la financiación.

CSIF lamentó que el Sistema Nacional de Salud “prescindió de 43.000 empleos entre septiembre y octubre, según datos de la Seguridad Social”. Además, lamentó la inexistencia de planes de contingencia de cara a la Navidad y aboga por anticipar dichos problemas “para evitar el desbordamiento ocurrido en años anteriores”.

Según CSIF, Sanidad requiere un Plan Estratégico para la próxima década. “Tenemos un déficit de 9.500 médicos de Atención Primaria, a lo que hay que sumar que faltan 130.000 profesionales de Enfermería, 1.250 matronas, 1.100 pediatras y 44.000 Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE)”.

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Por ello, instan a elevar la financiación por gasto sanitario, que actualmente se sitúa en 2.027 euros por persona,”mientras que la media europea es de 2.746″. La Sanidad requiere un plan de Empleo “con 289.000 nuevas plazas entre 2021-2031 para equipararnos a la media de la Unión Europea (UE)”.

“Proponemos diseñar ya la oferta de empleo público del próximo año y suprimir la tasa de reposición para contribuir a la creación de empleo neto”, recalcó la entidad.

Respecto a las mejoras retributivas, desde CSIF se rechaza frontalmente el acuerdo de subida salarial para los empleados públicos firmado el pasado octubre para 2022, 2023 y 2024 porque les supone “una nueva pérdida de poder adquisitivo y es totalmente insuficiente”.

Sólo en los dos últimos años los empleados públicos han perdido un 5,5% de poder de compra y un 20% desde 2010 cuando se produjo la primera bajada salarial. “Pedimos renegociar un nuevo acuerdo y equiparación salarial entre comunidades autónomas para evitar la fuga de profesionales entre administraciones y fuera de España”, remachó la organización sindical.

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