SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 (EUROPA PRESS)
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC), uno de los colectivos que impulsó la Iniciativa Legislativa Popular para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias ha manifestado este viernes su “indignación” con la decisión del Parlamento de retirar el pasado miércoles su debate en Pleno sin haber notificado nada a sus promotores.
En su opinión, esta decisión contraviene el propio reglamento del Parlamento que establece en su artículo 144.3 que “las proposiciones de ley podrán ser retiradas por su proponente mientras no se acordara por la Cámara su toma en consideración, en cuyo caso tendrá plenos efectos por sí misma, si la proposición de ley hubiera sido tomada en consideración, la retirada solo será efectiva si la aceptara el Pleno de la Cámara”.
Así, la asociación señala en una nota que “al haber sido tomada en consideración en la sesión plenaria de 7 de marzo de 2012, hace la friolera de más de 13 años, una posible propuesta de retirada de la ILP, que solo pueden hacer sus promotores, precisaba ser aceptada por el pleno del Parlamento, que no ha respetado su propio reglamento al hacerlo sin la petición de los promotores”.
Con ello, apunta, “se cierra el largo ciclo de ninguneo y desprecio a una iniciativa democrática y participativa que a pesar de haber sido tomada en consideración en 2012 por unanimidad del Parlamento de Canarias fue unanimidad vergonzante de unos grupos parlamentarios que posteriormente demostraron que por oportunismo no se atrevieron a rechazarla, pero tampoco a impulsar el esfuerzo de las más de 25.000 firmas de la ciudadanía canaria convirtiéndola en la necesaria Ley de Salud y Sanidad de Canarias”.
Tras cinco legislaturas de tramitación, la asociación lamenta que el Parlamento haya decidido finalmente “quitarse de encima esa voz de su conciencia que ha hecho patente el bloqueo e inoperancia de todos los grupos parlamentarios para establecer y regular de modo tasado el funcionamiento general de la Consejería de Sanidad y del Servicio Canario de la Salud, de modo que se garantice la estabilidad organizativa y de las políticas públicas de salud pública y de asistencia sanitaria poniéndolas a resguardo de variaciones partidistas o intereses espurios”.
Mientras tanto, prosigue, “continuará la gestión lamentable y privatizadora, incapaz de afrontar el deterioro de la atención primaria y de las urgencias, la materialización de los hospitales de segundo nivel altamente resolutivos, de las camas sociosanitarias, la mejora de la salud mental, la salud sexual y reproductiva, la atención temprana, la geriatría y cuidados paliativos, la atención a las drogodependencias, el funcionamiento del transporte sanitario y que garantice la participación social y profesional en los Consejos de Salud u otros órganos de participación en la gestión del Servicio Canario de la Salud contemplados en la normativa general y que no se cumplen”.
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