MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (Consumur) reclamó este viernes “mayor transparencia y control” de la labor inspectora de las administraciones públicas y juzgó “necesario” que se hagan públicos los resultados de estas actuaciones “en todos los sectores de actividad”.
Así lo consideró en un comunicado en el que urgió a “intensificar” las labores de los servicios de inspección de las administraciones públicas y, tras calificar de “totalmente incomprensible” que las discotecas incendiadas en la zona de Las Atalayas de Murcia estuvieran en funcionamiento “sin la debida autorización”, advirtió de que el anuncio de que hay “más locales” en la misma situación ha generado una “comprensible sensación de inseguridad ciudadana”.
“Ha puesto de manifiesto la deficiente actuación de los servicios de inspección, en este caso del Ayuntamiento de Murcia, pero que seguramente podemos hacer extensible al resto de ayuntamientos y a la administración regional”, abundó, para volver a exigir el “refuerzo” de la labor inspectora en materia de consumo.
La organización ya ha solicitado al Gobierno regional que “comience a trabajar” en una normativa “específica” del sector de espectáculos y actividades recreativas, en la que se incluyen los locales de ocio, teniendo en cuenta que “prácticamente” la “totalidad” de las comunidades autónomas “ya disponen de ella desde hace años” y en Murcia “solamente está regulada la admisión a este tipo de establecimientos, así como su horario”.
DOS INTENTOS
En este punto recordó que en 2019 y 2022 ya hubo “dos intentos” de regular en la Asamblea Regional “algunas medidas concretas sobre este tipo de actividades, que fueron rechazadas” y se preguntó “cuáles son las dificultades” para regular un sector “tan específico” y en el que es “tan necesario” disponer de una normativa que “aporte claridad, transparencia y seguridad a las administraciones públicas, al empresario y al usuario”.
“Es necesario regular las infracciones y sanciones, además de reforzar la labor inspectora. No es suficiente con determinar a quién compete esta labor, sino que se ha de regular un número mínimo de inspecciones anuales, de oficio, con independencia de que se puedan reforzar con más”, reiteró.
Asimismo, se mostró convencida de que el ciudadano “tiene derecho a conocer cuántas inspecciones se han realizado en todos los sectores de actividades, cuándo se realizaron y si pesa sobre ese establecimiento orden de cese de actividad”.
Por otro lado, llamó a regular también un “plazo máximo razonable” de resolución de expedientes de autorización de la actividad para “evitar” que un local comience a funcionar “sin la debida licencia”.
En este contexto, su presidente, Roberto Barceló, se preguntó “hasta qué punto los ciudadanos deben convertirse en inspectores y asumir unas competencias que corresponden a las administraciones públicas”.
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