Lamenta que Delgado haya sido “minusvalorada” pese a contar con un perfil “con tanto bagaje”
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha afeado al Tribunal Supremo (TS) que anulase el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la Sala de lo Militar del TS –que supuso su ascenso a la máxima categoría del Ministerio Fiscal– al considerar que socava así “la capacidad discrecional del fiscal general del Estado de realizar nombramientos”, algo que –a su juicio– “merma la autonomía del Ministerio Fiscal”.
En un comunicado, la UPF ha manifestado su “acatamiento” a la sentencia que se conoció ayer, pero ha expresado su “disconformidad”. En este sentido, ha defendido que el nombramiento “ahora anulado” se basaba en la “extensa y razonada propuesta” de Álvaro García Ortiz “en la que se hacía referencia al vasto currículum y la dilatada experiencia de Dolores Delgado”.
La Unión –antigua asociación de Delgado y García Ortiz– ha insistido en que la propuesta del fiscal general se refería “de forma muy minuciosa” a la actividad jurisdiccional de Delgado “durante casi 30 años de carrera profesional en materias tan complejas como la criminalidad organizada, la lucha contra el terrorismo y su financiación, el narcotráfico o el blanqueo de capitales”. “Junto a esos méritos, debe serle sumado la ingente actividad académica y docente a nivel nacional e internacional en diversos ámbitos, así como su actividad y experiencia en espacios jurisdiccionales y orgánicos”, ha añadido.
Así las cosas, la asociación ha asegurado que no puede entender que dicho bagaje “no haya sido valorado, ni siquiera mencionado, por la Sala Tercera del Tribunal Supremo”. “No recoge la sentencia ninguna valoración de los extensos méritos que la candidata propuesta tenía para hacerla merecedora de la plaza de fiscal de sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo”, ha incidido.
DICE QUE EL GRECO AVALÓ EL NOMBRAMIENTO
Al hilo, la Unión ha reprochado que la fundamentación de los magistrados sobre la “desviación de poder” venga referida por lo que dijo el fiscal general, “en el ejercicio de su autonomía”, sobre la “conveniencia” de que los fiscales generales del Estado sin categoría de Fiscal de Sala fueran ascendidos a primera categoría cuando –como en este caso– “los méritos y la capacidad son sobrados para el desempeño de la plaza”.
Sobre este extremo, la asociación ha asegurado que “igual se hizo con la ex fiscal general del Estado, María José Segarra, siendo dicha argumentación avalada entonces por el Pleno del Consejo Fiscal”.
Asimismo, ha apuntado que les “preocupa” la fundamentación de la sentencia del Supremo, “ya que el informe GRECO –Grupo de Estados contra la Corrupción– de 2021 valoró muy positivamente este mismo razonamiento, que ahora se desdeña, como forma de refuerzo de la autonomía de la figura del fiscal general del Estado”.
“Por todo ello, la Unión Progresista de Fiscales lamenta, de nuevo, que haya sido minusvalorada una candidata con un perfil con tanto bagaje profesional, jurisdiccional, con grandes capacidades directivas y de coordinación, a pesar de haber obtenido un amplio respaldo por cinco vocales del Consejo Fiscal, ‘so pretexto’ de entender que la intencionalidad no era hacer valer su mérito y capacidad, cuestión que queda despejada al leer el currículum de la compañera”, ha recalcado.
En este sentido, la asociación considera que –“como ocurrió” con el nombramiento del fiscal de Sala de Menores Eduardo Esteban, que también fue anulado por el alto tribunal– “nos encontramos ante un cambio no fundamentado en la jurisprudencia del Supremo, donde los méritos y la capacidad, así como el trabajo jurisdiccional, no parecen resultar suficientes frente a otras pretensiones que no benefician a la carrera fiscal y al servicio público que prestamos a diario”.
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