MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) lamentó este martes que las propuestas planteadas tanto por el Gobierno como por la oposición en materia de vivienda pasen por reforzar la seguridad jurídica de los arrendadores y aseguró que sin ella los propietarios no optarán por incorporar sus viviendas al mercado del alquiler de larga estancia.
Para el CEO de la ANA, José Manuel Zurdo, la solución no pasa por intervenir el mercado, tal y como plantea el Gobierno con el tema de los alquileres turísticos, de temporada y de habitaciones. Para Zurdo, los arrendadores han desplazado la oferta a estos mercados debido al “excesivo intervencionismo” al que se ha sometido a los alquileres de larga estancia y la mejor manera de acercarse a estos es con normativas menos férreas que les transmitan la suficiente confianza para mantenerse en el mercado.
“Mientras ello no se consiga las medidas propuestas son pan para hoy y hambre para mañana”, indicó Zurdo, quien señaló la importancia de agilizar los procedimientos de desarrollo del suelo y legislar para incentivar a los grandes creadores de oferta con normas “estables en el tiempo y no cambiantes” y con procedimientos de resolución de conflictos “mucho mas rápidos que los actuales”.
Asimismo, destacó que medidas como el control de precios, la actualización de rentas por debajo del IPC o la aplicación de zonas tensionadas son medidas que “asustan a los arrendadores y les ahuyentan del mercado”. “Probablemente esas mismas medidas con más seguridad jurídica y procedimientos de recuperación de sus viviendas más rápidos en caso de incumplimiento de los inquilinos serían aceptadas”, aclaró.
NO ENTRAN
Para la ANA todas estas medidas planteadas “no entran de lleno en la protección que quieren los arrendadores de viviendas” e indicó la pertinencia de medidas como que cuando los inquilinos no paguen las rentas o incumplan los arrendamientos, puedan ser desalojados de sus viviendas, con procedimientos de desahucio que no duren más de tres meses. “Esto es justamente lo contrario de lo que se ha hecho, con la última prórroga del Real Decreto Ley 11/2020 por el que se ha vuelto a prorrogar la suspensión de los desahucios y lanzamientos de inquilinos vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025, volviéndose con esta nueva prórroga a hacer partícipe a los arrendadores particulares de un problema que no es de ellos, sino del Estado, por no tener suficientes viviendas públicas para atender a los colectivos mas vulnerables y desfavorecidos de nuestra sociedad”, aclaró Zurdo, quien pidió que el Estado se convierta en avalista de los colectivos vulnerables
“Seguro que esta opción sería aceptada por muchísimos arrendadores para sacar sus viviendas al alquiler”, afirmó Zurdo, quien pidió a la Administración que no traslade esta tarea “deficitaria y arriesgada” a los arrendadores.
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